Las reformas a la Constitución
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Ciudad de Mexico, 14 de marzo de 2026
La Constitución no es un documento estático; es un organismo vivo que respira a través de sus cambios. Sin embargo, surge una interrogante persistente: ¿cuándo una reforma fortalece la democracia y cuándo la pone en riesgo?
Determinar si una modificación a nuestra Carta Magna es acertada trasciende el frío análisis jurídico; requiere una mirada profunda a la luz de otras ciencias como la historia, la sociología y la geopolítica, entre otras muchas
Para entender el presente, debemos mirar el pasado reciente. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 fue, sin duda, el avance más progresista en décadas. Su mayor logro fue elevar los Tratados Internacionales al mismo nivel que la Constitución, creando lo que los juristas llamamos un Bloque de Constitucionalidad. Este cambio ayudó a superar las reservas formuladas por nuestro Estado en esos tratados en aras de la justicia.
Antes de este cambio, México firmaba convenios internacionales de vanguardia, pero estos quedaban en el olvido porque la ley interna los ignoraba. Con la reforma, nacieron dos herramientas esenciales para la protección de las personas: El Principio Pro Persona: Obliga a jueces y autoridades a elegir siempre la interpretación de la ley que más beneficie a la persona y, la Interpretación Conforme: Exige que todas las leyes secundarias se alineen y armonicen con los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados.
1994: El “Golpe de Estado Técnico”. La controversia no es nueva. En diciembre de 1994, la llamada Reforma Zedillista sacudió los cimientos del Poder Judicial de la Federación. Aquella modificación fue drástica: redujo la Suprema Corte de 26 a 11 ministros, creó el Consejo de la Judicatura Federal y estableció las Acciones de Inconstitucionalidad, pero modificó en total 27 artículos más de la Constitución.
Fue polémica la “jubilación” anticipada de todos los ministros en funciones. Recuerdo bien las palabras del maestro y exministro Miguel Montes García, un jurista brillante, quien en sus cátedras de maestría no ocultaba su herida. Calificaba aquel movimiento como un “golpe de estado técnico”. A pesar de su dolor personal y profesional, Montes García se disciplinó ante la norma, dando una lección de institucionalidad.
A la distancia de tres décadas, el balance de esa reforma resultó positivo para la estabilidad del país, demostrando que, a veces, las sacudidas estructurales pueden fortalecer la división de poderes, aunque en su momento parezcan rupturas insalvables.
El reto actual: Hacer historia con justicia. Hoy, nos encontramos en una nueva encrucijada con la reciente Reforma Judicial. La historia se repite en el eco de las voces a favor y en contra. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego no estará en el discurso político, sino en los hechos.
La lección de la historia. No debemos olvidar una premisa fundamental de nuestra convivencia social: la historia nos enseña que la restricción de los derechos de las personas nunca permanece impune. Ya sea por la vía del derecho o por la fuerza de los hechos, el pueblo siempre termina exigiendo un bienestar estable.
Cualquier intento de retroceso en las libertades ganadas choca, tarde o temprano, con la voluntad ciudadana. Por ello, el desafío de la actual reforma es mayúsculo: o se convierte en el vehículo para una justicia más pronta y expedita, o quedará marcada como un intento fallido de alterar el equilibrio democrático. La moneda está en el aire y la nación observa.
