Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
El inicio de las comparecencias públicas ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral evidencia el propósito que habíamos adelantado. Se trata de un intento oficialista de disfrazar con tintes de legitimidad otra imposición que modificará componentes esenciales del sistema electoral mexicano.
Con registro libre en línea, se dice que cualquier persona podría ser oída por el grupo de la Presidenta de la República que integrará una iniciativa de reformas constitucionales y legales en materia electoral, pero en realidad es un escenario para que desfilen personas afines al morenismo y una que otra que no tiene coincidencias y que busca, de manera genuina, presentar sus propuestas, pero sin debate y sin atención de la Comisión.
La 4T no dará marcha atrás en su afán de modificar las reglas del juego político para garantizar el triunfo de sus candidaturas y apropiarse de la autoridad electoral. La Comisión perfila las modificaciones impulsadas por Andrés Manuel López obrador en el llamado Plan A, por lo cual el futuro del Instituto Nacional Electoral, de los Oples y tribunales electorales es finito. Defienden la idea de que el INE se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para suprimir a los institutos locales cuyas atribuciones serán centralizadas para que la nueva institución organice todas las elecciones federales y locales y los mecanismos de participación política directa; al mismo tiempo, se introducirán recortes a la estructura orgánica y recursos que actualmente tiene el INE.
De esa manera, el objetivo anunciado de reducir el uso de recursos públicos se traducirá en un organismo electoral saturado de atribuciones y severamente disminuido en sus posibilidades para atender todas las responsabilidades que le asignarán, además de que el oficialismo ha inventado el mecanismo de la tómbola para quedarse con las consejerías, tres de ellas se renovarán en abril de 2026, con o sin reforma; pero si imponen la elección popular de estas figuras, entonces tienen el truco ya probado y validado de los acordeones para colocar a las personas que resulten funcionales al régimen.
Las medidas de austeridad buscan disminuir el dinero público que financia la política, alcanzarán a todos los partidos políticos, aunque la afectación real será para los opositores, a los que pretenden cancelar el financiamiento público ordinario que, en paralelo con la propuesta de suprimir o disminuir los asientos de representación proporcional, los llamados pluris, los dejará maniatados, convertidos en una oposición meramente testimonial, sin capacidad para competir o enfrentar las imposiciones unilaterales que se impulsan desde el gobierno.
La sociedad mexicana debe involucrarse en la discusión pública sobre la reforma electoral que avanza sin freno alguno, blindada en los escándalos cotidianos que enfrentan personajes del régimen por el huachicol fiscal, por negocios que a diario se descubren o por los lujos que ostentan haciendo caso omiso al llamado de la Presidenta. La reforma tocará aspectos sensibles de la democracia mexicana, no para fortalecer la integridad de las elecciones ni para mejorar el principio de equidad en la contienda, sino para disminuir los peligros de perder contiendas electorales y para eliminar, de una vez por todas, los escasos contrapesos que ocasionalmente ejerce el debilitado INE. Mientras se monta el show de las comparecencias, el oficialismo avanza en la redacción de la iniciativa que aprobarán en los primeros meses del próximo año. La reforma electoral será guinda.
