Riqueza extrema vs democracia
Síguenos en:
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026
Desde los clásicos sabemos que la democracia es un régimen imperfecto, pero el mejor posible, porque descansa en un principio esencial: que todas las personas participen en las decisiones que orientan el rumbo común. Ese ideal se vacía cuando el poder económico se convierte en poder político.
No puede haber auténtica deliberación pública si quienes concentran miles de millones tienen la capacidad real de definir las reglas del juego para seguir acumulando más riqueza, y la gran mayoría de las personas tiene que estar pensando en cómo obtener el sustento diario sin tiempo para preocuparse por la democracia.
El informe más reciente de Oxfam, “Contra el imperio de los millonarios: defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, advierte que la concentración extrema de la riqueza (creciendo a un ritmo superior al promedio tras noviembre de 2024) está erosionando las bases democráticas en todo el mundo. México no es la excepción.
Por eso hablar de los riesgos a la democracia en México nos debe poner a ver más allá del ombligo y dejar solo pensar en una reforma electoral, cuando de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres enfrentan menores tasas de participación laboral que los hombres y, cuando acceden al empleo, lo hacen con mayor frecuencia en condiciones de informalidad y menores ingresos. Además, dedican significativamente más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta desigualdad estructural se agrava en contextos donde el Estado carece de recursos suficientes para invertir en servicios públicos que redistribuyan esas cargas.
La concentración de riqueza limita la capacidad fiscal del Estado. Cuando los sistemas tributarios son regresivos y las grandes fortunas logran esquemas de elusión o privilegios fiscales, los ingresos públicos disminuyen. ¿Quién paga el costo? Las mujeres. Son ellas quienes sustituyen con trabajo no remunerado lo que el Estado no provee: cuidados, atención a personas enfermas, acompañamiento escolar, apoyo a personas mayores.
Sin un sistema fiscal progresivo no hay recursos para financiar políticas de igualdad. Sin inversión pública no hay Sistema Nacional de Cuidados. Sin servicios de salud suficientes no hay autonomía. La desigualdad económica no es neutra al género: se sostiene sobre el tiempo y el cuerpo de las mujeres.
Frente a ello, la defensa de la democracia pasa por decisiones concretas: primero, avanzar hacia una reforma fiscal progresiva que grave de manera efectiva las grandes fortunas y combata la evasión, destinando esos recursos a derechos sociales no a construir clientelas; segundo, consolidar un Sistema Nacional de Cuidados con financiamiento sostenible, que reconozca, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidados; tercero, fortalecer la transparencia en el financiamiento político;
y cuarto, blindar presupuestos con perspectiva de género y mecanismos de evaluación que midan impacto real en la vida de las personas, evaluar que tanto sirven para garantizar sus derechos.
La democracia no puede reducirse a elecciones periódicas, mientras el poder económico y los poderes fácticos concentran la capacidad de decisión. Defender la democracia hoy implica también disputar la concentración extrema de la riqueza. Implica recordar que el principio democrático no es solo votar, sino decidir colectivamente en condiciones de igualdad. Mientras el poder económico capture el poder político, la igualdad sustantiva será inalcanzable.
