En el segundo episodio, el Instituto Nacional Electoral aprobó topes diferenciados de gastos personales para las campañas judiciales.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
En acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral que revocó el tope único originalmente establecido, se determinó que para los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF, el tope será de 1 millón 468 mil 841 pesos; mientras que para las candidaturas de salas regionales del propio TEPJF será de 881 mil 304 pesos; para las magistraturas de circuito 413 mil 111 pesos; y para juzgadores de distrito 220 mil 326 pesos.
El Tribunal, en la sentencia de revocación, consideró, como un argumento central, que “las normas establecen que si el tope máximo de gastos de campaña para la elección judicial se calcula tomando como base el monto que individualmente puede aportarse a las candidaturas independientes de diputaciones federales, esa base debe adecuarse en función de cada tipo de elección; esto es el cargo, el electorado y la territorialidad en la que se celebra esa elección”.
Pero el problema técnico jurídico que dividió la votación del INE desde el 6 de marzo debió llevar al Tribunal, coincido con algunas consejerías, a declarar la inaplicabilidad del artículo 522 numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para luego ordenar al INE la fijación de nuevos topes en términos del criterio citado.
No obstante, más allá de la necesaria diferenciación de límites a los gastos personales de campaña conforme con el tipo de elección y su dimensión territorial, debemos considerar que se trata de elecciones distintas a las que conocemos. Aquí, siendo racional y equitativo que se pueda gastar más en una campaña para un cargo en la SCJN y menos para cargos de jueces o juezas de distrito, es claro que tendrán más ventaja las personas que tengan más recursos personales y eso será un efecto colateral de inequidad por los topes diferenciados.
Otro aspecto que inclinará la balanza en las elecciones judiciales está en que el perfil de la inmensa mayoría de candidaturas que corresponde a personas que no tiene experiencia práctica en la política, salvo conocidas excepciones que, a la inversa, conocen más de política que de resoluciones judiciales. La intervención del oficialismo será determinante para potencializar las posibilidades de triunfo de las personas afines. Veremos qué novedades se tienen preparadas, para complementar los evidentes actos anticipados de campaña que ya ocurren y las llamadas jornadas de información sobre las elecciones judiciales.
En las campañas para magistraturas de Sala Superior y salas regionales del TEPJF podría presentarse otra situación: la mayoría de las candidaturas tienen una trayectoria reconocida y han trabajado, entre otros aspectos, estableciendo criterios y resolviendo casos de candidaturas partidarias o independientes que han buscado subterfugios para burlar los topes a los gastos de campaña y para obtener beneficios con una actuación que ha vulnerado las restricciones que les impone la ley. El dilema consiste en saber ¿cómo conducirán las campañas propias?
Estamos a siete días del inicio de las campañas más extrañas de la historia mexicana, que serán dominadas por el imperio del dinero y marcarán el fin de los actuales poderes judiciales para el surgimiento de otros que, habiendo sido politizados, quizá, serán menos judiciales e independientes. Se trata de un vuelco de ciento ochenta grados que tendrá implicaciones severas sobre nuestra democracia.
