Las elecciones judiciales consumaron el plan C de Andrés Manuel López Obrador que concentró la artillería pesada en la demolición de los frenos, contrapesos y equilibrios que exige una democracia constitucional entre los poderes públicos.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
No hubo tregua para el Poder Judicial desde que la Ministra Norma Piña se negó a ponerse de pie para rendir pleitesía al poder presidencial y, en un uso abusivo del apoyo ciudadano obtenido en 2024, se aprobó una reforma absurda que ya sometió al veredicto de las urnas la mitad de las plazas judiciales federales y de 19 Estados.
A reserva de conocer los resultados definitivos que ahora se suman en los 300 consejos distritales del INE, el avance indica que el porcentaje de participación ciudadana, considerando la elección de la SCJN, se ubica en 11.4%, alrededor de 11.4 millones de personas, cuyos votos se atomizan entre el universo de candidaturas de mujeres y hombres y aquí la primera posible sorpresa, pues es Hugo Aguilar Ortiz, muy cercano al movimiento indigenista, quien podría ser el primer presidente del máximo tribunal.
La participación alcanzada no refleja el éxito que se festina desde palacio nacional, pues la elección judicial no es equiparable a la consulta popular de 2021 que tuvo 7.1% de participación y menos con el 17.7% de la revocación del mandato de 2022 del que no se habla en esta comparativa. Una participación tan baja no refleja un operativo exitoso, si no un fracaso del oficialismo que patinó con todo el poder presidencial, el de 24 gubernaturas y los supuestos millones de afiliados que presume la presidenta de Morena. Tampoco se demostró que el pueblo exigió la elección de personas juzgadoras, la votación está muy por debajo de los 36 millones que el oficialismo alcanzó en 2024 con un padrón similar.
La logística electoral implementaba por el INE es exitosa si se considera la instalación del 99.98% de casillas, el control adecuado de las incidencias y el diseño operativo de un proceso sin tiempo suficiente de planeación ni precedentes nacionales o internacionales. Bien por la estructura ejecutiva de la autoridad que operó con el profesionalismo que acostumbra, no así en lo referente al arbitraje y a decisiones que generaron especulación y cuestionamientos innecesarios sobre la calidad de las elecciones y su autenticidad, lo cual obliga a dar respuesta clara a incidentes que parecen aislados, pero que en el fondo abren grietas al control institucional de las elecciones, como el caso de boletas que llegaron marcadas a casillas de Chiapas y Sinaloa.
La jornada electoral judicial vivió otro hecho inédito: la protesta de diversas organizaciones ciudadanas que en forma pacífica expresó su rechazo a la destrucción del Poder Judicial saliendo a las calles en la CDMX y en otras ciudades del país. Se trata de un mensaje claro y contundente de una parte fundamental de la sociedad mexicana que no comparte el abuso morenista del poder y que apuesta por la recuperación y preservación de los logros democráticos de los últimos 35 años. Minimizar estas expresiones, sería, de nuevo, un grave error del régimen.
Invertir alrededor de 7 mil millones de pesos en una elección tan barroca y confusa no puede calificarse de exitosa, todo lo contrario. Si en el oficialismo hubiera sensatez política y convicciones democráticas reales se tendría que reformar la reforma judicial reciente para corregir el absurdo diseño que se tiene, de cara al 2027 que tendrá renovación de las diputaciones federales, 16 gubernaturas y elecciones de ayuntamientos y/o congresos en 30 Estados. Los efectos concretos de lo sucedido se vivirán por la ciudadanía cuando tenga que acercarse al nuevo sistema de administración de justicia.
