Cuando la balacera alcanza al poder
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Sinaloa, 18 de marzo de 2026
Que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán haya salido ileso de un enfrentamiento armado no es una buena noticia: es una alerta. No por la integridad física del funcionario —que siempre debe celebrarse—, sino porque el episodio confirma hasta qué punto la violencia en la capital sinaloense ha escalado al grado de rozar directamente a las cabezas institucionales encargadas de contenerla.
El comunicado oficial habla de protocolos, de reacción inmediata y de detenidos. El lenguaje es el habitual, casi automático. Sin embargo, detrás de la redacción institucional hay una realidad que incomoda: si el responsable máximo de la seguridad municipal participa en una persecución bajo fuego real, el problema ya no es operativo, es estructural. La violencia no solo desborda a la ciudadanía; desafía abiertamente a la autoridad.
Durante años, Culiacán ha vivido bajo una narrativa de “hechos aislados” y “respuestas inmediatas”. Cada enfrentamiento se presenta como un episodio contenido, cada detención como un golpe significativo. Pero la repetición constante de estos comunicados demuestra lo contrario: la violencia no disminuye, se normaliza. Cambian los nombres, cambian los escenarios, pero el fondo permanece intacto.
Resulta especialmente grave que un elemento policial haya resultado lesionado por esquirlas. Ese detalle, mencionado casi de paso, refleja la condición cotidiana de quienes están en la primera línea: policías expuestos, mal recompensados socialmente y convertidos en la cara visible de una estrategia que no logra desarticular las causas profundas del conflicto. La seguridad pública no puede seguir sosteniéndose únicamente sobre el riesgo individual de sus agentes.
Más allá del operativo exitoso o de los detenidos puestos a disposición de la autoridad, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿por qué los grupos criminales conservan la capacidad de huir, atacar y enfrentar a las fuerzas del orden en plena ciudad? La persistencia de estas escenas indica que el control territorial sigue en disputa, pese al despliegue institucional permanente.
El hecho de que el secretario haya salido ileso no debe convertirse en un cierre narrativo cómodo. Al contrario, debería abrir un debate serio sobre la estrategia de seguridad, la coordinación entre niveles de gobierno y la distancia cada vez menor entre el poder público y la violencia armada. En Culiacán, la seguridad ya no es solo un reto administrativo: es una prueba diaria de autoridad, credibilidad y rumbo. Y esa prueba, por ahora, sigue sin resolverse.
