Claro, se puede alegar que no se sabía para quién trabajaban. Lo menos que puede hacer la autoridad mexicana es revisar la legalidad de esos contratos así como las acusaciones que hace Estados Unidos. 

Vivir entre la zozobra

Los desplazamientos forzados de las comunidades rurales del sur de Sinaloa vuelven a sus habitantes miserables, porque de alguna manera ya eran pobres.

Salirse de sus comunidades ha sido una decisión de supervivencia, alimentada por el miedo.

Al llegar a Mazatlán u otras comunidad, viene la segunda oleada de desesperación: adaptarse a un lugar que no cubre sus mínimas necesidades básicas.

Para contrarrestar eso, el Gobierno del Estado diseñó un asentamiento que en teoría resolvería todos esos inconvenientes, que serviría para comenzar de nuevo, pero la realidad al día de hoy muestra su rostro siniestro: el olvido de las autoridades.

El fraccionamiento CVIVE funciona en el discurso oficial pero no para sus habitantes. Sus servicios públicos son insuficientes y la seguridad pública es ausente, por lo que los riesgos para la población son mayores.

Las autoridades volverán cuando haya tiempos electorales, a pedir el voto.

Los desplazados sufren, batallan, se las arreglan para sobrevivir.