A simple vista, estos cambios pueden parecer técnicos, pero afectan directamente a la ciudadanía. Si una obra daña el medio ambiente, por ejemplo, solo quienes interpongan amparo podrán detenerla temporalmente; los demás deberán esperar a ver qué pasa.

En la práctica, esto podría debilitar la defensa de derechos colectivos — como los derechos ambientales, de pueblos indígenas o de mujeres— y hacer que solo quienes tienen recursos o asesoría legal puedan protegerse de abusos.

También nos debe preocupar que desaparezca la suspensión provisional, en la primera clase de Amparo en la Facultad, nos enseñan: amparo sin suspensión, no es amparo. Y esto es porque protege al ciudadano de actos de la autoridad que se consideren injustos.

En el fondo, ésta reforma nos invita a reflexionar sobre algo más profundo: ¿Queremos un sistema donde los derechos dependan de la capacidad de cada persona para defenderse, o donde primero demuestren de lo que nos acusan y luego nos castiguen?

El amparo nació para defender a los ciudadanos del poder. Si lo debilitamos, ¿quién cuidará de nosotros cuando el poder se equivoque?