El impuesto minero no era perfecto, pero era nuestro. Y lo dejamos ir sin pelear.
Hay decisiones políticas que cuestan. Literalmente. Y la eliminación del impuesto minero en México es una de esas que, para Zacatecas, representa renunciar a recursos que bien podrían transformar municipios enteros. Especialmente Fresnillo, corazón de la producción argentífera mundial, que vio evaporarse una fuente de ingresos directos justo cuando más la necesitaba.
El derecho especial sobre minería y el derecho extraordinario sobre minería —esos nombres burocráticos que pocos recordarán— fueron creados en 2014 con una lógica simple: si las empresas extraen riqueza del subsuelo, los territorios que cargan con el impacto ambiental y social merecen compensación directa. No era filantropía; era justicia redistributiva. Durante años, estos gravámenes destinaron recursos específicos a estados y municipios mineros, permitiéndoles invertir en infraestructura, servicios y desarrollo económico local.
Zacatecas no es cualquier entidad en el mapa minero nacional. Somos el principal productor de plata del país y uno de los más importantes en zinc, plomo y oro. Fresnillo, nuestro bastión minero, alberga operaciones que generan miles de millones en valor agregado. Sin embargo, la paradoja es dolorosa: mientras las empresas reportan ganancias estratosféricas, los municipios enfrentan rezagos históricos en servicios básicos, caminos destruidos por el tráfico pesado y comunidades que nunca ven reflejada la riqueza que sale de sus entrañas.
La eliminación de este mecanismo comenzó en 2019, cuando Morena desmanteló el Fondo Minero al modificar su distribución en la Ley de Ingresos. Aunque el impuesto siguió cobrándose, los recursos dejaron de llegar directamente a estados y municipios mineros para redistribuirse principalmente a la SEP. En 2020, con la extinción de fideicomisos, el golpe fue definitivo. Lo verdaderamente frustrante es que hubo una ventana para revertirlo: la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025.
Ahí estaba la oportunidad. Los legisladores federales del bloque oficial, varios de ellos zacatecanos, pudieron haber levantado la voz, argumentado, negociado. Pudieron haber defendido que Zacatecas no puede seguir subsidiando la bonanza minera sin recibir compensación justa. Pero la disciplina partidista pesó más que el interés regional. Se siguió la línea, se votó el presupuesto sin el impuesto minero, y punto.
Esto no es retórica vacía. Hablamos de recursos tangibles que financiaban desde clínicas rurales hasta pavimentación de calles en zonas mineras. Para Fresnillo, significaba inversión directa en un municipio que enfrenta retos enormes de seguridad, movilidad y calidad de vida. Era dinero que no tenía que competir en la bolsa general del presupuesto estatal o federal; llegaba etiquetado, con propósito específico.
La pregunta incómoda es: ¿a quién representan nuestros legisladores federales? ¿Al partido o al estado que les dio el mandato? Porque cuando tuvieron que elegir entre seguir la corriente oficial y defender los intereses de Zacatecas, eligieron la primera. Y esa decisión tiene precio. Un precio que pagarán comunidades enteras durante años.
