Por Alex Batista 

En política, la forma es fondo; y las reformas electorales de MORENA tienen todo, menos eso. Ahora, con el Plan B.

Una iniciativa que de nuevo es presentada en unas miserables diapositivas de Power Point, en lugar de un texto formal de iniciativa sobre el cual se pueda abrir el debate público con seriedad. Literal, otro contrato, pero sin las letras chiquitas. 

El Plan B de la reforma electoral, que más bien es una reforma administrativa, contiene los mismos vicios y sesgos que la rechazada la semana pasada; solo que ahora, en una versión más light, pero igual de regresiva y llena de riesgos. 

Se nos dice que el objetivo de esta iniciativa es para reducir privilegios y fortalecer la decisión de la gente. Pero ese discurso no checa nada con la realidad. Porque si de verdad quisieran acabar con los privilegios, empezarían en casa. 

Ahí están los casos de figuras como Noroña, que hasta hoy no ha explicado el origen de su patrimonio. Ahí están las fortunas de Adán Augusto. Están las camionetas y los derroches de los ministros. 

Tampoco es cierto el argumento del ahorro. 

Por otro lado, dice la senadora Andrea Chávez que el PAN rechaza la propuesta de disminuir los presupuestos a los Congresos locales y que Chihuahua es el sexto legislativo más caro del país, y que esos recursos podrían destinarse a escuelas, hospitales y colonias.

Pero tampoco dice que, según el INEGI, en el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, el Congreso de Chihuahua se posiciona como tercer lugar en número de iniciativas presentadas y que es el PAN el partido que más iniciativas ha presentado.

Porque el verdadero problema, entonces, no es el gasto: es la congruencia. Porque si realmente si quisieran implementar muchos de estos cambios ya lo hubieran hecho antes. 

Morena gobierna en más de 24 Congresos locales. Tienen la mayoría suficiente para aplicar muchos de estos cambios sin necesidad de una reforma desde el Congreso de la Unión. Entonces, ¿por qué no lo habían hecho antes?

No es la falta de facultades, es falta de voluntad. Porque en el fondo, nunca quisieron mejorar la democracia, quisieron adueñarse de ella. 

Además, la discusión está mal planteada. Se están enfocando en una reforma administrativa, no una electoral. En temas secundarios y dejando fuera los problemas estructurales de nuestra democracia. 

No se habla de la sobre representación en las Cámaras y la poca confianza a los actores y partidos políticos. No se habla sobre la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. 

No se plantean sanciones reales, como cancelar registros a partidos o candidaturas que reciban financiamiento ilícito. 

No se propone una revocación de mandato real, sino una ratificación de mandato. Un instrumento del poder, que permite al gobierno utilizar toda la estructura del Estado para colocar a la presidenta en la boleta y mover votos a favor de su partido. 

Al final, el objetivo del Plan B no es mejorar la democracia, sino de controlarla. De debilitar al árbitro electoral, reducir los contrapesos y eliminar, poco a poco, el pluralismo político en México. 

Porque cuando una reforma no nace del consenso, no resuelve los problemas reales y además fortalece al poder que la impulsa, entonces no es una reforma para mejorar la democracia. Es una reforma para quedarse con ella. 

@alexbatista0