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Finalmente, la aplastante y artificial mayoría de morena en el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de amparo que limitan la defensa de las personas, le otorga mas poder al gobierno y distorsiona el objetivo original del amparo como medio de defensa para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando éstos son vulnerados por actos de cualquier autoridad.
Con la ley modificada será difícil que los jueces otorguen suspensiones provisionales a favor de los gobernados para detener un acto de autoridad en proceso de suceder o de inminente comisión, a fin de evitar daños irreparables a las personas; siendo los ejemplos mas claros de esta situación, la prisión preventiva oficiosa y el congelamiento de cuentas bancarias. Son muchos los casos de personas que mediante una suspensión provisional de amparo han logrado evitar ser privadas de su libertad sin ser procesadas y vencidas en juicio y otras han evitado ser objeto de injustos bloqueos de sus cuentas bancarias. La suspensión provisional les permitía seguir sus juicios en libertad o mantener el control de sus movimientos bancarios hasta en tanto un juez competente al final de un proceso apegado a derecho dicta una sentencia definitiva.
La suspensión provisional es el corazón del amparo, es el que garantiza que el acto reclamado no se ejecute (se mantenga en suspenso temporal) hasta que haya una decisión judicial que determina si es o no conforme a derecho. Ahora con la suspensión provisional limitada el amparo pierde su eficacia como medio de defensa del gobernado frente a los actos autoritarios, se abre la puerta para que la autoridad realice actos ilegales en perjuicio de las personas sin que un juez pueda detenerlos.
Otro retroceso que la reforma introduce es limitar al concepto de “interés legitimo” para acudir a un juez en busca de amparo. En los hechos se eliminan acciones colectivas como las que promueven grupos de ciudadanos defensores del medio ambiente, las personas de la comunidad LGTB, los grupos de consumidores, los trabajadores jubilados y los pueblos y comunidades indígenas, entre otros. El ejemplo mas ilustrativo es cuando una obra pública daña el medio ambiente, ya sea por la tala inmoderada de arboles, perjuicio a la flora y fauna de una zona, daño a los ecosistemas; ahora para iniciar un juicio de amparo se les exigirá a los actores que demuestren la “lesión jurídica individual y colectiva”, así como “el beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado”, lo que coarta el derecho de acudir a la justicia federal en busca de protección de sus derechos.
La reforma a la ley de amparo dificulta a las y los mexicanos el acceso a la justicia constitucional, atenta contra la seguridad jurídica de los justiciables, obstaculiza la protección de los derechos fundamentales de las personas y es un elemento más del diseño autoritario que avanza en México.
La serie de decisiones políticas y jurídicas que se han concretado recientemente son pasos firmes hacia un sistema despótico, recordemos que una vez que morena ganó el poder ejecutivo, se apoderó de manera ilegal de la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados para dominar el poder legislativo; después desmantelaron el sistema nacional de transparencia, dando paso a la opacidad; luego realizan las maniobras necesarias para controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral Federal, arrebatándoles la autonomía en sus decisiones; posteriormente hacen las reformas para sustituir al poder judicial instalando por medio de la farsa “elección popular” a jueces, magistrados y ministros obedientes al poder, lesionando la independencia judicial tan importantes en todo sistema democrático. No conformes con lo anterior, ahora reforman la Ley de Amparo para fortalecer el poder del gobierno a costa de restringir los derechos individuales de los ciudadanos.
La reforma a la ley de amparo es el reflejo de un gobierno autoritario, que actúa bajo la lógica del control total de los espacios de poder, de concentrar facultades e instrumentos para imponer una sola visión. Cada acción regresiva que realizan desde el poder cuasi absoluto que ostentan creemos que ya es la última, pero poco tiempo después nos sorprenden con nuevas decisiones retrógradas, la duda es ¿ahora que sigue? Porque al parecer no tienen limite en su afán de desmantelar el sistema jurídico y democrático construido por varias generaciones de mexicanos para la edificar un sistema plural con vigencia de los derechos fundamentales de las personas y una organización del poder público con limites y contrapesos.