“El que espera demasiado, pierde la oportunidad”
-Proverbio inglés
*El autor es Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED. Su opinión es estrictamente personal y no representa necesariamente la postura institucional de la Universidad.
La controvertida reforma judicial ha pasado a una nueva etapa de socialización e implementación efectiva, más allá de que algunos de sus bemoles puedan ir corrigiéndose sobre la práctica. Seguirla discutiendo pero ya desde la perspectiva de la acción es fundamental en escenarios donde vale absolutamente la pena hacer críticas constructivas y propositivas a nuestro nuevo modelo de Poder Judicial.
Una de esas acciones concretas, definitivamente, tiene que ver con el paradigma de la justicia abierta, el cual se consolida de manera plena con el modelo del Estado constitucional y democrático de Derecho. Efectivamente, justicia abierta, derechos fundamentales y democracia caminan de la mano buscando hacer eco de condiciones que impulsen una ciudadanización de la justicia que tanto nos hace falta.
La justicia abierta es una rama muy particular del concepto más amplio y genérico del gobierno abierto, que en términos lisos y llanos no es otra cosa más que un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escuche, dialogue y genere asertividad, contacto directo con la ciudadanía. Lejos de renunciar a la representación argumentativa en donde las personas juzgadoras se legitimen a sí mismas mediante sus sentencias, esto debe incentivarse, porque no cualquier clase de sentencia o de resolución judicial es compatible con el modelo de la justicia abierta: requerimos sentencias claras, accesibles, de lenguaje sencillo y que ponderen a sus intervinientes, como en el caso de fallos que involucren a niñas, niños o adolescentes, a personas indígenas o a personas con discapacidad, lo cual requiere de una valoración especial.
Según la Cuarta Encuesta Nacional de Cultura Constitucional que elabora la UNAM, presentada hace unos pocos meses, hay 13 actores públicos que tienen más confianza por parte de la ciudadanía que la SCJN, en un primer momento, y jueces y magistrados en segundo término: la familia, las universidades, los maestros, el ejército, la Marina, el INEGI, la Presidenta de la República, la Guardia Nacional, el INE, la Iglesia, la CNDH, los medios de comunicación y las redes sociales tienen mayor grado de aceptación ciudadana que la SCJN, que incluso obtiene un 5.33, mientras que jueces y magistrados consiguen un 5.11.
¿Cómo revertir estas estadísticas tan escalofriantes? Acudiendo, precisamente, a un modelo de justicia abierta. En definitiva, bien ponderada y bien ejecutada, la justicia abierta puede ser un parteaguas para la vida pública de nuestro país. El nuevo modelo de Poder Judicial puede insertarse en esta dinámica, siempre y cuando reúna las condiciones de una interacción continua y permanente con la ciudadanía, de diálogo eficaz con los diversos actores y factores sociales, y de servir como un instrumento para la materialización de la justicia.
Nada más, pero nada menos. De lograrse, algunos de los claroscuros de la controvertida reforma judicial pudieran, si no eliminarse, al menos diluirse paulatinamente. La actuación de los tribunales de disciplina judicial será también fundamental en este sentido, pues la vigilancia que llevarán a cabo sobre la actuación de las personas juzgadoras debe ir en consonancia con esa justicia dialógica y ciudadanizada. Hagamos nuestros estos vientos de cambio para bien.
