La continua exposición a tragedias en el entorno digital ha provocado una alarmante insensibilidad ciudadana que se refleja en la dolorosa falta de auxilio a las víctimas hoy
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La declaración de Ernestina Godoy sobre el accidente del Tren Interoceánico, donde murieron 14 personas, confirmó lo que muchos anticipaban desde el inicio, la responsabilidad recaería únicamente en alguien que no tuviera nada que ver con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y se habla de que el responsable directo fue el maquinista. Con ello, la Fiscalía General de la República cerró la puerta a una investigación más amplia que analizaría el contexto real en el que ocurrió la tragedia; el mensaje fue contundente y políticamente cómodo, porque reduce un hecho complejo a un error humano individual y evita revisar decisiones, omisiones y fallas estructurales que hoy, poco a poco, se han ido conociendo y que apuntan a problemas mucho más profundos en la operación del proyecto.
Atribuir toda la responsabilidad al operador del tren resulta una salida fácil y recurrente en la historia de los grandes accidentes en México; de esta manera, se protege a la estructura institucional y se evita señalar a quienes planearon, autorizaron y supervisaron la operación del Tren Interoceánico. El esquema es conocido, se sacrifica a un trabajador mientras los niveles superiores quedan intactos, este enfoque no solo limita el acceso a la verdad, sino que refuerza la percepción de que la justicia funciona de manera selectiva, especialmente cuando los proyectos están ligados a intereses políticos de alto nivel; además, con el paso de los días, comenzaron a surgir datos que contradicen la versión de un simple error humano, se reveló que el tren no contaba con cámaras de monitoreo en la cabina, carecía de velocímetro funcional, deficiencias en protocolos de mantenimiento, supervisión operativa y capacitación del personal, elementos que no dependen del maquinista y que evidencian una cadena de fallas.
En su posicionamiento, la fiscal Ernestina Godoy evitó cuidadosamente mencionar cualquier posible responsabilidad de quienes estuvieron involucrados en la operación y administración del proyecto, y llamó particularmente la atención la ausencia de referencias a Gonzalo López Beltrán, cuyo nombre ha sido vinculado al entorno del Tren Interoceánico, incluso mencionado por su propio padre en una “mañanera. El silencio no es menor, porque cuando ciertos apellidos quedan fuera de la narrativa oficial, la credibilidad de las investigaciones se erosiona, además la percepción ciudadana es clara, no todos son investigados con el mismo rigor, y eso mina la confianza en las instituciones.
El Tren Interoceánico ha sido presentado como una obra estratégica desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente intocable dentro del discurso oficial; evidentemente reconocer fallas en su operación implicaría aceptar que la prisa política pudo imponerse a la seguridad y a la planeación técnica, por ello resulta más conveniente cerrar el caso con un culpable único que revisar a fondo un proyecto emblemático; sin embargo, una justicia que no analiza el contexto completo no es justicia; es solo un “trámite” que deja intactas las causas reales del problema, aunado al luto que viven los familiares de la víctimas de este lamentable accidente. Se sabía, al menos por quienes asesoraron y construyeron el proyecto, que no estaba garantizada la seguridad en su totalidad, y aun así decidieron inaugurarla con “bombo y platillo”.
El veredicto fue esperado, pero no por ello deja de ser preocupante, porque reducir la tragedia a la conducta de un solo trabajador ignora preguntas fundamentales: ¿quién autorizó trenes sin cámaras ni velocímetros?, ¿quién validó protocolos deficientes?, ¿quién supervisó realmente la seguridad? Mientras esas interrogantes sigan sin respuesta, la muerte de 14 personas seguirá siendo una deuda pendiente del Estado; la justicia, cuando se queda a medias, no solo falla a las víctimas, también envía el mensaje de que el poder siempre encuentra la forma de mantenerse al margen de cualquier responsabilidad, el asunto, insisto, es que el problema no es de esta nueva generación de políticos, sino que ha sido una constante cuando los gobiernos, literal, se “lavan” las manos.