Estrés hídrico
Campesinos
Recurso finito
Sobreexplotación
Desde 1992 opera en México la actual Ley de Aguas Nacionales, una legislación que nació en un país completamente distinto al que somos hoy, en ese entonces no se hablaba de crisis hídrica, ni de estrés de acuíferos, ni de ciudades que empiezan a vivir con miedo silencioso mientras ven secarse los pozos. Tres décadas después, esa ley es insuficiente para enfrentar una realidad que se está volviendo urgente, nos debe quedar claro que el agua es un recurso finito y lo estamos tratando como si fuera eterno; de ahí que nuestro país necesita una nueva Ley Nacional de Aguas que ponga orden, que frene abusos y que garantice que dentro de unos años no estemos contando las gotas que nos quedan; es una necesidad de supervivencia para nuestro presente.
La Ley de Aguas Nacionales fue diseñada para un país donde el concepto de sobreexplotación todavía no ocupaba las principales noticias en el país, lamentablemente hoy más de la mitad de los acuíferos tiene estrés hídrico y varios están técnicamente agotados, sin embargo, la norma vigente permite un sistema de concesiones que, aunque regulado en papel, en la práctica abre la puerta a abusos, permisos mal supervisados, extracciones por encima de lo autorizado, mediciones poco confiables y un modelo que privilegió el uso económico antes que el derecho humano. La nueva Ley Nacional de Aguas busca corregir ese desfase. Un ejemplo claro fue el abuso cometido por quien fuera gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien incluso se mandó construir su propia presa, perjudicando a cientos de campesinos, la intención, por lo menos en el discurso, es acabar con este tipo de prácticas.
Mientras en las ciudades el agua llega con intermitencias y quejas, en el campo la situación se siente como una “sentencia” anticipada, ya que no hay ciclo agrícola en el que los campesinos no denuncien lo mismo, pozos que bajan cada año, ríos que ya no corren como antes, y grandes usuarios que extraen miles de metros cúbicos mientras ellos deben racionar cada gota. Son ellos quienes han puesto el dedo en la llaga desde hace años, han pedido que se auditen concesiones, que se frenen los abusos, que se distribuya el agua con equidad y que se sancione a quienes han hecho del recurso un negocio sin límite, de ahí que la nueva propuesta debió haberles escuchado, porque llevan décadas viendo cómo el agua se agota mientras otros se enriquecen bombeando sin responsabilidad.
Hay quienes todavía creen que hablar de “quedarnos sin agua” es una exageración apocalíptica, pero basta asomarse a los reportes de la CONAGUA, a los niveles de las presas y al estado de los acuíferos para entender que la amenaza está aquí, el agua es un recurso finito y no será de un día para otro, pero sí gota a gota, concesión tras concesión, pozo tras pozo. La ausencia de una nueva ley no sólo perpetúa la desigualdad en el acceso, sino que nos acerca a escenarios que otros países ya viven, como los recortes obligatorios, zonas totalmente secas y migración interna por falta de agua. La prevención es mucho más barata que el colapso.
La nueva Ley Nacional de Aguas no debe verse como un instrumento para castigar a la industria o limitar el desarrollo, sino como la pieza que México necesita para garantizar que ese desarrollo sea viable; controlar la sobreexplotación no es una ideología política o partidista, es una gran responsabilidad de todos. Quienes utilizan grandes volúmenes deben transparentar, medir y asumir límites; las comunidades deben tener voz y el Estado debe devolverle al agua su carácter de bien público. Si no actuamos hoy, mañana será demasiado tarde para reclamarle a la lluvia lo que no supimos cuidar. Eso sí, creo que el país necesita una ley moderna, justa, estricta y con visión de futuro, de eso depende no sólo el agua que bebemos, sino la que se utiliza en el campo, en la industria, pero siempre y cuando se utilice con responsabilidad, bajo una norme que lo regule en su totalidad.
