Exhibió datos personales, puso en riesgo al periodista y a su familia, pero eso no importó al mandatario, furioso por trabajos editoriales que implicaron a sus familiares en actos de corrupción.

Posteriormente hizo pública la nómina de Latinus, el servicio de información donde trabaja Loret, donde “constaba”, que 23 opositores del gobierno cobraban ahí; como si solo ese hecho fuera un delito.

Todo esto, en un país democrático hubiera sido un escándalo, pero acá fue un día más en la oficina para el Presidente que revivió el presidencialismo unitario. En contra sólo hubo algunos periodicazos de indignación repudiando el hecho.

Esa exhibición de datos personales con fines políticos se llama doxing, que es la práctica de investigar, recopilar y difundir públicamente información personal o sensible de una persona sin su consentimiento. 

En muchos países, el doxing está tipificado como delito o puede vincularse con conductas ilegales como la violación de datos personales, el acoso o la extorsión, dependiendo de las circunstancias y el marco normativo aplicable.

Lo anterior viene a cuento porque esta semana, en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada local Olivia Garza, del PAN, presentó una iniciativa para tipificar el doxing como delito en la Ciudad de México.

Detener el doxing desde el poder no es un asunto partidista. Es un mínimo democrático. Una raya que no se debe volver a cruzar.