La reducción presupuestal aprobada por la Cámara de las y los diputados para la organización de las elecciones judiciales es la crónica de un desenlace anunciado o la materialización de amenazas cumplidas.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
Vayamos al inicio: luego de diversas especulaciones sobre el costo de las elecciones e intercambios mediáticos de cifras entre la autoridad y el oficialismo, el INE solicitó 13 mil 205 millones de pesos; de inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no, que eso no costaba; su postura fue apoyada por otras voces del oficialismo, como Ricardo Monreal, quien fue el brazo ejecutor de la disminución de recursos.
En las deliberaciones para la reasignación de 44 mil millones del presupuesto total, al INE le quitaron 13 mil 476 y aquí viene otro cruce de cifras: dice la Presidenta de la República que se asignaron 7 mil millones para las elecciones judiciales, mientras algunas consejerías sostienen que son poco más de 4 mil. La realidad incuestionable es que la autoridad dispondrá de un presupuesto mínimo para afrontar una elección que, por la complejidad de su logística, la vaguedad de normas que la rigen, la falta de experiencias previas y la escasez de tiempo para una planeación adecuada, ha llevado a la autoridad electoral al borde del precipicio.
Los primeros efectos provocados por el excesivo recorte y la legislación incompleta ya fueron informados por el INE: no se instalarán casillas en el esquema tradicional que las acerca, lo más posible, al domicilio de los electores si no que se agruparán en la modalidad de centros de votación y, no hay condiciones para que los y las mexicanas residentes en el extranjero elijan a personas juzgadoras, no hay dinero, tiempo ni reglamentación para ello, ni siquiera por la vía de internet para las elecciones que son nacionales, lo cual implica una evidente restricción al ejercicio de sus derechos.
Hasta el momento solo se asoma la punta del iceberg, que abrirá nuevos flancos de impugnación y subirá el tono de la discusión pública. No habrá más recursos, pese al argumento de que se podría solicitar una ampliación presupuestal en vez de controvertir judicialmente el recorte. Hay resignación del INE sobre la decisión de la severa disminución y un discurso ingenuo o complaciente de quienes sostienen que, pese a todo, se organizarán elecciones con los mismos estándares de calidad, porque si fuera así, porque tantos tumbos si el camino está parejo. Veremos.
Al final sigue siendo la 4T la que dinamita su reforma y elección judicial. No solo disminuyó las posibilidades del INE con el recorte presupuestal, también lo hizo con la negativa de ampliación de plazos y con el juego aquél de escuchar los argumentos de las consejerías sin que, en realidad, los consideren. La presidenta de la república se mantiene fiel al guion: que el INE diga en qué va a gastar los recursos y para que quisiera más, aunque ya lo sabe, ya tiene la información, pero cumple con hablarle a su base electoral refrendando el eficaz argumento de la austeridad que ahora masacró a la elección judicial.
La 4T creó un Frankenstein judicial, pero en vez de fortalecer su falsa legitimidad lo bombardean con múltiples decisiones que dificultan su materialización y arrinconan a la autoridad electoral que al final será la responsable de todos los males existentes en la tierra. La elección está en curso y paulatinamente iremos conociendo las decisiones que se tomen sobre todos los aspectos pendientes de su organización y los impactos de una estrategia deliberada del oficialismo para imponer a las personas juzgadoras, bajo la parafernalia de una elección.
