Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia Electoral.
@MarcoBanos
El 1 de septiembre se instalará el nuevo Poder Judicial dando paso a un modelo distinto de administración de justicia que la retórica oficialista ha calificado como cercano al pueblo y sin corrupción.
Veremos, pero me temo que es otra ficción del morenismo y que muy pronto la sociedad se dará topes en la pared cuando los y las ciudadanas acudan ante los juzgadores de los acordeones en defensa de sus derechos, pero si esos derechos entran en colisión con intereses de los gobiernos y, más preocupante aún, con los de personajes afines al morenismo, dichos jueces fallarán sistemáticamente en contra del pueblo que la 4T dice defender.
El modelo que se implementará es el que sistemáticamente nos muestra la mayoría de las magistraturas del Tribunal Electoral y una mayoría fluctuante de consejerías del INE que siempre resuelven a favor del gobierno y su partido, sin importar las maromas argumentativas que deban darse. Lo vimos, de nuevo, el pasado miércoles, cuando se discutió la propuesta de Reyes Rodríguez Mondragón para anular las elecciones judiciales. Los argumentos centrales del proyecto de sentencia giraron en torno a que el uso ilícito de los acordeones actualizó causales expresas de anulación previstas en la legislación, dado que implicaron el uso de financiamiento público o privado no permitido, la injerencia ilegal de partidos políticos o servidores públicos que benefició a las candidaturas ganadoras y la vulneración de principios constitucionales que rigen el desarrollo de los procesos electorales.
Y aunque hay evidencia plena de la distribución ilegal de los acordeones y sus efectos en las elecciones, las magistraturas de la mayoría en la Sala exigieron pruebas que demostraran quién los diseñó, pagó y distribuyó, cuando en realidad ese aspecto es secundario frente al hecho contundente de su existencia, su distribución y la promoción de candidaturas que se hizo a través de ellos. Coincido con el magistrado Rodríguez y con la magistrada Otálora: hay suficientes indicios sobre las acciones deliberadas y concertadas que se realizaron para inducir al electorado a votar por las candidaturas promovidas en los acordeones. Se trató de una práctica indebida de los votantes que canceló su libertad para determinar por qué candidatura votar. No fue un papel en el bolsillo para apoyar al votante ni una simple conjetura, fue una trampa, una modalidad de fraude que pretende legitimarse con los votos cómplices del tribunal.
Es lamentable y preocupante para el país el rol que, sin pudor, cumple dicha mayoría en el tribunal. No importa la cantidad o naturaleza de las pruebas, lo que importa es no manchar al morenismo y a sus aliados ni con la contundencia de un argumento ni con el peso de una sentencia; recurrentemente se vota para perdonar multas, evadir el cumplimiento de requisitos de elegibilidad de las candidaturas del nuevo Poder Judicial o para esconder el efecto nocivo de los acordeones y otras prácticas ilegales que se documentaron durante los procesos electorales que están concluyendo.
Los nuevos poderes judiciales que emergieron de las elecciones y que en breve iniciarán funciones, carecen de legitimidad de origen. En pocos días podremos visualizar su actuación y la forma en que se diluye la línea divisoria con el Poder Ejecutivo, como ya ocurrió desde el sexenio pasado con el Poder Legislativo, que hoy funciona como una caja de resonancia de la Presidencia de la República. El futuro inmediato que nos espera es el de un régimen con poder hiper concentrado en un solo grupo, con todos los efectos que tendrá sobre nuestra maltrecha democracia y el Estado de Derecho.
