Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
El inicio de los trabajos de la comisión presidencial para coordinar las actividades que llevarán a la próxima reforma electoral debe abrir cauces para un debate nacional que incluya todas las voces: actores políticos, instituciones académicas, autoridades electorales, organizaciones de la sociedad, empresariales y medios de comunicación.
Nadie debe quedar excluido de un tema de gran relevancia para el país, porque estarán sobre la mesa ajustes sobre las reglas del juego político, los mecanismos de representación política, el perfil de las autoridades electorales y las garantías para la vigencia y ejercicio de nuestros derechos políticos, entre otros temas.
Si la reforma se construye con vocación democrática y con el propósito de resolver diversas problemáticas que acusa nuestro sistema electoral, también debe considerar los diagnósticos técnicos que presenten las autoridades electorales que organizan elecciones en los ámbitos federal y de los estados de la República. Sobre todo, por los nuevos desafíos que implican las elecciones judiciales, cuya jornada electoral, siendo simultánea con las demás elecciones, podría generar la parálisis operativa del INE y de los Oples obligados a instalar conjuntos separados de casillas, como ocurrió este año en Durango y Veracruz, y someterse a cómputos complejos para la obtención de resultados, con plazos fatales y con las naturales tensiones políticas.
Llama la atención que la integración de la comisión considere solo personajes del oficialismo y no incluya representación de los partidos opositores, como ha sido tradición en nuestro país, más allá de que en las primeras declaraciones su coordinador señale que todos serán invitados para tejer las propuestas. Al adelantar temas y el posible sentido en el que se pretende perfilar la redacción de las modificaciones normativas, preocupan posturas predefinidas sobre temas sustantivos. Un ejemplo está en la reiterada idea de suprimir las 300 juntas distritales del INE, lo mismo que a los Oples y tribunales electorales locales, propuesta que nos llevaría al escenario de una autoridad nacional, disminuida y sobrecargada de responsabilidades para organizar la totalidad de elecciones locales y federales y asumir las problemáticas de la logística centralizada y de la conflictualidad política, sin personal capacitado que solo sería contratado en periodos específicos.
Consultar al pueblo mediante una encuesta para saber qué opina y qué reforma electoral quiere suena atractivo, pero ello requiere de una pedagogía social previa que explique lo que ya se dijo que se quiere hacer y sus efectos, además de una redacción objetiva de las preguntas avaladas por expertos en la materia y por todas las fuerzas políticas, sin sesgos ni respuestas prefiguradas. Caso contrario será, otra vez, la retórica del discurso populista que solo pretende disfrazar de legitimidad la imposición de un modelo electoral que busca imponer nuevas reglas del juego político para garantizar los triunfos del oficialismo y el control de las instituciones electorales.
Reformar componentes clave del sistema electoral exige la construcción auténtica de acuerdos políticos y no la imposición de la postura unilateral del partido mayoritario que excluya a las minorías, más cuando se trata de las reglas del juego a las que tiene que sujetarse la competencia política; se requiere el acuerdo de todas las fuerzas, pues de ello depende su conformidad durante la aplicación concreta de las nuevas reglas en los procesos electorales. Hoy la reforma depende de un diálogo nacional auténtico, del consenso entre los actores políticos y, en buena medida, de la postura que asuman el PT y el PVEM como partidos de la coalición gobernante que sufrirían los efectos directos de los principales ajustes.
