Hace unos días increparon en un restaurante a la vocera de Morena en protesta contra la llamada #LeyMaduro, la reforma electoral que promueve la presidenta Sheinbaum. Camila Martínez es una persona joven, a quien le reconozco talentos; sin embargo, a mi juicio, su mayor valor político reside en la disciplina con la que repite, como muchos otros jóvenes valiosos, el Evangelio según la Cuarta Transformación. Nada puede salirse del guión, nada puede matizarse.

Con cierta frecuencia me encuentro en mi barrio a Pablo Gómez, un caradura, a mi juicio. Jamás lo he abordado ni le he dirigido una mirada amable. No está en mis planes ningún ataque verbal. A lo más, una desaprobación silenciosa. A José Ramón López Beltrán, por ejemplo, le han gritado en lugares públicos delante de su familia, lo cual involucra a inocentes, menores de edad específicamente. Eso no lo comparto.

El problema de fondo es otro. El oficialismo se ha ido cerrando sobre sí mismo, decidido a monopolizar la conversación pública. La presidenta se refiere con desdén a los “comentócratas”, minimizando la diversidad de criterios. La oposición le ha merecido más comentarios negativos que el funebérrimo Mencho. Es apenas el inicio de una amplia gama de intolerancias que amenazan con convertirnos en extranjeros en nuestro propio país.

Existe una violencia retórica comparable con la de un ciudadano que, enojado con el gobierno, decide increpar a un político en un espacio público. En este momento no hay una represión generalizada, pero ya hay señales inquietantes: Noroña forzó a un ciudadano a disculparse; en Sonora sancionaron a una ciudadana por cuestionar el auge nepótico y repentino de “Dato Protegido”; en Puebla y Campeche se han aprobado leyes que penalizan este tipo de expresiones.

Si me centro en la persona, lo ocurrido con Camila Martínez fue agresivo e indebido. Si me centro en la cerrazón del sistema y retiro los rostros individuales, es una reacción previsible en un contexto donde las vías institucionales de disenso parecen clausuradas. Si pienso en el despotismo de Fernández Noroña, son cosquillas con pluma de ganso.

Nuestro autoritarismo es grave, pero no alcanza los niveles de Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde resulta impensable la agresión verbal a un funcionario de la cúpula política. En esos casos, la población vive en la miseria, y el hartazgo social es extremo. Tampoco somos exactamente El Salvador, aunque allí, como aquí, un fuerte respaldo popular sirve para justificar el cierre de espacios críticos en nombre del interés colectivo.