Una de las mayores conquistas sociales del proletariado mexicano, fruto de la revolución de 1910-1917, fue el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas. De eso hace más de un siglo.

De entonces para acá la productividad del trabajo ha crecido incesantemente, sobre todo en los últimos cincuenta años, por lo que no habría razón objetiva para no considerar una reducción en la jornada de trabajo.

En realidad el único obstáculo para lograrla es la oposición de la clase patronal. Para ésta, lo deseable sería el aumento de aquellas ocho horas. Digamos a diez, doce, catorce o dieciséis horas diarias, como era hasta hace una centuria.

El asunto ya empieza a ser elemento insoslayable del debate público. Y más aún ahora que existe un gobierno popular. No tardarán en aparecer en escena las dos antagónicas posturas en favor y en contra.

El asunto aparece en un momento inmejorable, cuando van en retirada universal los dogmas económicos neoliberales, garantes y promotores de la máxima explotación de la fuerza de trabajo, del trabajo asalariado.

Pero si no hay razón económica o productiva para no dar paso a la reducción de la jornada laboral, sobran las razones éticas, humanas, familiares y sociales para avanzar en este propósito.

La experiencia, reza el adagio, es la madre de la ciencia. Y hoy la experiencia aconseja la reducción de la jornada laboral de 48 horas semanales a 40.

No será posible. ciertamente, empezar la tarea en los nueve meses que restan al sexenio del Presidente López Obrador. Pero también ciertamente lograrla será tarea ineludible del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación.

Tocará a Claudia Sheinbaum hacer la propuesta, organizar el debate y proponer las medidas legales conducentes. Pero desde ahora no hay señales de que pueda ser una tarea ímproba o de difícil consecución. Puede decirse que la mesa está servida.

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