La preparación de las elecciones judiciales entró en la fase más densa, dejando para la historia el recuento y análisis de los múltiples tropiezos que dañan su autenticidad.
@MarcoBanos
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
Ha concluido la pesada avalancha de impugnaciones que sumaron más de 800 amparos, acciones de inconstitucionalidad y algunas invenciones judiciales de la mayoría del Tribunal Electoral que sostuvo en sus acciones declarativas que nadie podría detener la organización de las elecciones y que no se pronunciaba sobre el fondo de los juicios de amparo, aunque de facto haya revocado las suspensiones definitivas y provisionales que ordenaron al INE detener el proceso electoral judicial.
El viernes pasado la autoridad electoral inició la impresión de casi 600 millones de boletas, con el acuerdo previo, ratificado por el Tribunal, que negó a 29 candidaturas el uso de sobrenombres, algunos de los cuales llaman la atención por el mensaje implícito de cercanía con el oficialismo. La Ministra Lenia Batres solicitó agregar el mote de “la ministra del pueblo”; otro candidato a Juez de Distrito, Marco Antonio Rojo Olavarría, pidió agregar a su nombre los apodos “el juez de AMLO”, “el juez de la 4T” y “el juez del pueblo”. Otros más solicitaban que se incluyeran expresiones como “el defensor del pueblo” o “el defensor popular”. En todos los casos fueron negados, así que irán a las urnas con sus nombres de pila en la búsqueda del voto popular.
Las elecciones caminan precedidas de los yerros cometidos por diversas instancias que tienen, como consecuencia, más allá de la profundización de la desconfianza en las autoridades electorales, en los comités de evaluación y en los poderes públicos, la falta de legitimidad de las personas juzgadoras que ganen las elecciones del 1º de junio.
No olvidemos: las fallas y errores van desde la duplicidad de nombres y la falta de datos para la identificación de las candidaturas hasta el cambio de nombres o el olvido del senado que no incluyó en sus listados a las ministras en funciones, que fueron blindadas desde la reforma constitucional con un pase directo a las boletas, el detalle es que Gerardo Fernández Noroña y compañía olvidaron incluirlas en los listados finales, ni modo que de esta falencia también culpen al Comité de Evaluación del Poder Judicial o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las elecciones de personas juzgadoras federales y en 17 entidades federativas, implica una profunda transformación del poder judicial y del sistema de administración de justicia impuesta a capricho por AMLO y Claudia Sheinbaum. El objetivo principal consiste en eliminar los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo en turno; en consecuencia, suscribo la hipótesis compartida por varios analistas: es falso el argumento que sostiene que la reforma y su implementación busca acercar la justicia al pueblo. Saldremos de dudas en poco tiempo, cuando veamos cómo funciona el nuevo Poder Judicial y a qué intereses responde.
Por lo pronto, la autoridad electoral enfrenta el reto de concretar con éxito un modelo de elecciones sin precedentes ni planeación suficiente y con recursos recortados por la decisión unilateral del oficialismo. En las campañas que iniciarán a finales de marzo veremos si las autoridades electorales tienen la capacidad, al menos la disposición, de frenar el activismo de partidos y servidores públicos que buscarán imponer las candidaturas de su preferencia. Insisto en que la reforma y las elecciones en curso son el crisol de una decisión unilateral que inaugura en México la República de un solo poder.
