Se acerca el fin de año y aún no tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. La verdad es que tomarse en serio esta propuesta es imposible. Por décadas, hemos padecido la falta de servicios de salud.

Tan solo la semana pasada, el presidente creó una Comisión Presidencial para supervisar el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar y dar seguimiento a la institución que tiene más de un año de creación. En este último tramo de la actual administración se intenta, por tercera ocasión, una nueva forma de garantizar el servicio a la salud a través del IMSS-Bienestar.

Hagamos el recuento de los ensayos y errores del gobierno con las instituciones de salud. En mayo de 2003 se reformó la Ley General de Salud (LGS) que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud que operó a través del Seguro Popular (SP). Si bien este mecanismo era perfectible y distaba mucho de funcionar sin contratiempos, su funcionamiento se mejoró y ajustó para brindar atención a la salud a todas las personas que no contaran con protección o cobertura de alguna institución de seguridad social.

Esto es relevante en un país como México, donde 6 de cada 10 trabajadores no cuenta con seguridad social. El Seguro Popular permitía la afiliación voluntaria, la cual daba acceso a un Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) que contemplaba 284 intervenciones médicas hasta 2019 y estaba enfocado a 1) prevención y promoción en salud, 2) medicina general y de especialidad, 3) urgencias, 4) cirugía general y 5) obstetricia (Coneval).

El Seguro Popular también incluía servicios médicos de alta especialidad para la atención de enfermedades de alto costo o “catastróficas” para la vida y el patrimonio familiar. De acuerdo con la LGS, el financiamiento del Seguro Popular era a través de un esquema tripartita donde aportaba el Gobierno federal, los estados y las contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica. Además de un fideicomiso denominado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. El mayor desafío del Seguro Popular es que funcionaba como mecanismo de financiamiento y afiliación, pero descuidó la calidad de los servicios que se brindaban.

A partir de 2020, el Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El impulso que el Gobierno federal intentó darle fue visible a través del presupuesto. Ese año se gastaron 43 mil millones de pesos adicionales para el arranque del Instituto. Sin embargo, la planeación administrativa y de coordinación con las entidades federativas se improvisó. Transcurrieron los años -una pandemia de por medio- y la operación del Insabi nunca fue clara. No todos los estados firmaron los acuerdos ni se logró la distribución de los recursos para cubrir la salud de toda la población.

Finalmente, como un reconocimiento al fracaso del Insabi, en agosto de 2022, el Ejecutivo Federal emitió un decreto por el que creaba un nuevo ente público: el IMSS-Bienestar. El nombre parece vincularlo o depender del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Nada más lejano a la realidad. De acuerdo con el IMCO, para 2024 tendrá un presupuesto de 128 mil 624 millones de pesos, 14.5% mayor que en 2023 al Insabi y 37.6% mayor al del Seguro Popular en 2019.

El IMSS-Bienestar se aprovechará de la fama (buena o mala) del IMSS, aunque sea desconocido para la mayoría de las personas que este nuevo organismo ni siquiera está sectorizado -no lo coordina la Secretaría de Salud- ni depende del Gobierno central. Ahora la Comisión Presidencial dará seguimiento para que los estados otorguen los recursos, proporcionen información y sigan los criterios para transferir personal y hospitales.

Lo criticable de esta nueva Comisión y el Acuerdo Nacional es que no se trata de una repartición equitativa de tareas, sino de una imposición y centralización. Buena parte de las tareas de prestación de servicios ahora dependerá de los propios estados y el Gobierno federal se convertirá en un intermediario. Por lo pronto, 50.4 millones de personas mencionaron no contar con acceso a instituciones de salud (ENIGH 2022). Esperemos que la Comisión Presidencial esta vez permita avanzar hacia el nuevo Sistema de Salud.

Maestro en políticas públicas y profesor universitario.

@ManuGuadarrama