Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama*
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
La nueva administración aún no cumple un mes en funciones y los retos continúan aumentando. Los anuncios de la Presidenta para calmar los mercados y fomentar la inversión van en sentido contrario a lo que aprueba el Poder Legislativo. La crisis constitucional se profundiza. El marco jurídico quedó rebasado y, en lugar de resolver el conflicto, los legisladores siguen sin leer lo que aprueban. La reforma judicial avanza como un castillo de naipes.
La última carta es otra reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las reformas a la Constitución Federal. Establecer que son improcedentes las controversias o acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales es contrario a un sistema democrático y a la propia Constitución. Aprobarlo en fast track y disponer que aplica de forma retroactiva no evitará que la Suprema Corte eventualmente declare su inconstitucionalidad. La Presidenta y legisladores probablemente desconocerán esta decisión.
Otro de los frágiles niveles de este castillo es lo que sucederá con el Presupuesto del Poder Judicial para 2025. Se ha mencionado que el presupuesto de la SCJN, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral no supera ni 1% del gasto del gobierno. La Corte solicitará cerca de 5 mil millones de pesos, incluso menos que el año pasado en términos reales. Para lograr este recorte se planea un ajuste a la baja de las remuneraciones de ministros, ministras, oficial mayor, secretarios y directores generales, que en algunos casos será de casi la mitad. Recortar aún más el presupuesto afectará a la base trabajadora y con ello el acceso a la justicia, a pesar de que los legisladores y la Presidenta se nieguen a aceptarlo.
El siguiente piso del problema está relacionado con las reformas legales en materia electoral. Las reformas aprobadas han presentado errores de dedo e inconsistencias. Senadores de oposición han exhibido estos fallos. Son más las lagunas de la reforma que las soluciones que prevé y regula. Tanta es la incertidumbre, que el INE ha expresado que requiere más información para celebrar la elección, como la validación de las cartas de referencia de vecinos para los candidatos, requisito que nos ha convertido en la burla internacional.
La base de este galimatías es la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. La SCJN aún no se pronuncia sobre la validez de la reforma o de artículos específicos. La afectación al Estado de derecho, certeza jurídica, y derechos humanos ya está hecha. Ojalá que en la discusión del Tribunal Constitucional se aborde qué significa tener mayoría y si son válidos los derechos de las minorías, cuándo es mandato popular y cuándo es autoritario, si queremos una democracia o una dictadura, quién es pueblo y quién no.
Como una gotera las más de 100 suspensiones, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales harán que el camino de implementación de la reforma se vuelva una auténtica pesadilla. De nada sirve aprobar más reformas fast track si la base sobre la que descansa el castillo de naipes no soporta la estructura: las finanzas públicas, el respeto al Estado de derecho y la seguridad pública tambalean.
El gobierno de la Presidenta Sheinbaum no merecía cargar con este problema. Su partido la abandonó, la comprometió y mal informó. Ahora tiene que dedicar tiempo y esfuerzo en una lucha que no tendrá buen fin. Aunque de inicio parezca ganada, esta lucha entre poderes puede convertirse en su mayor debilidad. Las impugnaciones y suspensiones apenas comenzaron, vendrán muchas más.
