Soberanía y territorio
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Ciudad de Mexico, 5 de marzo de 2026
La soberanía no es sólo una noción asociada a la guerra ni se activa únicamente cuando el conflicto ya está encima. En El contrato social, Jean-Jacques Rousseau lo plantea con claridad radical: “La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa”.
La soberanía es indivisible, intransferible y permanente. No admite delegación. En el lenguaje contemporáneo del derecho internacional, esa idea se traduce en algo concreto: la capacidad exclusiva de un Estado para ejercer autoridad plena sobre un territorio y sobre quienes lo habitan, sin subordinación externa. En ambos enfoques hay un punto común que suele olvidarse: la soberanía no se proclama, se ejerce. Y se ejerce gobernando el territorio.
Esa definición hoy vuelve a ser incómodamente actual en América Latina. El caso de Venezuela —marcado por la presión externa sostenida, la disputa abierta por el control de su petróleo y la intervención sobre infraestructura estratégica— no es un episodio aislado. Se inscribe en una historia regional atravesada por intervenciones de Estados Unidos con efectos profundamente negativos: Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989. No fueron sólo cambios de gobierno; fueron fracturas territoriales, económicas y sociales que aún pesan. Por eso, cada vez que un Estado pierde control efectivo sobre su territorio y sus recursos, la alarma se enciende en toda la región. Para México, no es un fenómeno ajeno ni lejano. Es una advertencia.
La soberanía no se pierde de golpe ni comienza con una incursión militar. Se desgasta antes, lentamente. La investigación en geografía política y estudios urbanos —de David Harvey a Manuel Castells— ha mostrado cómo los territorios sin planeación tienden a fragmentarse: comunidades aisladas, vínculos débiles, menor capacidad de organización colectiva. Un territorio sin orden es un territorio menos integrado. Y un territorio menos integrado es, también, un territorio más difícil de defender. Donde no hay planeación, el arraigo se diluye. Y sin arraigo, la soberanía se vuelve frágil.
En México, esa fragilidad tiene números. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, entre 8.5 y 9 millones de viviendas presentan algún grado de irregularidad en la tenencia del suelo. Es decir, cerca de una cuarta parte del parque habitacional del país, que ronda los 35 millones de viviendas. Estudios del Centro de Estudios Urbanos de El Colegio de México coinciden en el diagnóstico: procesos de regularización largos, fragmentados, poco claros y profundamente desiguales entre entidades. Millones de familias viviendo en una especie de provisionalidad permanente.
La comparación regional es reveladora. Brasil, a partir del Estatuto da Cidade (2001) y más tarde con la Regularização Fundiária Urbana (REURB), logró reducir de forma sostenida la informalidad del suelo urbano. No la eliminó: entre 20% y 25% de los hogares urbanos aún carecen de documentación plena. Pero construyó un marco nacional continuo. La diferencia no es sólo de cifras; es institucional. Donde hay política sostenida de regularización, el Estado gobierna mejor su territorio.
A esta debilidad se suma otra: más del 70% de los municipios mexicanos no cuenta con programas de desarrollo urbano actualizados, de acuerdo con diagnósticos de la SEDATU y del INEGI entre 2022 y 2023. Sin estos instrumentos no se definen con claridad los usos de suelo, las zonas de conservación, las reservas territoriales ni la provisión de servicios básicos. El resultado es previsible: el Estado se retira del territorio, aunque nadie lo declare así.
La falta de planeación no es neutra. Genera vacíos de autoridad. La informalidad urbana, la expansión desordenada y la ocupación irregular del suelo no solo producen desigualdad; producen territorios en disputa. Y un territorio en disputa es un territorio donde la soberanía se erosiona incluso sin que nadie cruce una frontera.
El contraste aparece con fuerza en el ámbito rural. Los ejidos y comunidades agrarias —que abarcan poco más del 50% del territorio nacional, según el Registro Agrario Nacional— han mostrado una capacidad distinta de defensa territorial. Estudios de la CONAFOR y de la FAO indican que los territorios bajo manejo comunitario presentan tasas de deforestación entre dos y tres veces menores que aquellas áreas sin organización sólida. Casos como Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, lo confirman: control del uso del suelo, normas internas, defensa del bosque frente a la tala ilegal y resistencia a proyectos extractivos externos. Ahí, la soberanía no es abstracta. Se practica.
Nada de esto es nuevo en la historia mexicana. Durante la invasión española, los pueblos originarios defendieron su territorio no solo con armas, sino con documentos: códices prehispánicos —mixtecos, mexicas y tlaxcaltecas— donde se registraban linderos, genealogías y derechos de posesión. Junto con los títulos primordiales y las cédulas reales, estos documentos permitieron acreditar la permanencia en la tierra frente al poder colonial. No eran archivos. Eran actos políticos.
Esa memoria importa hoy. La soberanía no se sostiene únicamente con declaraciones diplomáticas ni con gestos simbólicos. Se construye desde abajo, en la forma en que el Estado ordena su territorio y en cómo fortalece a quienes lo habitan. Las tensiones internacionales actuales lo recuerdan con crudeza: ningún país puede darse el lujo de descuidar el control efectivo de su espacio y de sus recursos.
Defender la soberanía en el siglo XXI exige ampliar la mirada. La dimensión militar puede ser necesaria, pero no es suficiente. La fortaleza real de un Estado está en su capacidad para planear su territorio, garantizar derechos, integrar comunidades y ejercer autoridad cotidiana. El ordenamiento territorial no es un asunto técnico ni sectorial. Es una decisión política de fondo. Porque un territorio gobernado resiste mejor. Y porque, al final, la soberanía se juega ahí: en el territorio.
