A un año de iniciado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el trabajo en materia de arquitectura pública se inserta en un marco muy concreto de acción gubernamental.
A través de un pronunciamiento, la Comisión dice que “los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”
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De los 100 compromisos presidenciales, 8 se encuentran actualmente en proceso de acompañamiento técnico, cuatro de ellos ya con obra iniciada, y 17 están directamente vinculados a infraestructura urbana. En este contexto, desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) opera un área especializada en diseño y arquitectura que apoya de manera directa estos compromisos, aportando criterios técnicos, urbanos y arquitectónicos para que la infraestructura no solo se ejecute, sino se piense y se ubique mejor desde su origen.
Este primer año de trabajo no parte de cero. Se apoya en la experiencia acumulada durante la administración pasada, cuando se desarrollaron más deun millar de equipamientos y espacios públicos en prácticamente todo el país, en contextos urbanos, periurbanos y rurales. Ese ejercicio dejó una enseñanza central: no existe una arquitectura pública genérica. Lo que sí puede construirse es un conocimiento técnico estructurado, capaz de leer territorio, clima, orientación, materiales disponibles y dinámicas sociales, y traducir esa lectura en decisiones de diseño pertinentes. Esa experiencia permitió formar equipos con capacidad real de análisis contextual, hoy puestos al servicio de una política pública de mayor alcance.
Con esa base, el trabajo del área durante su primer año de operación no ha sido sustituir a los equipos técnicos de las dependencias federales, sino trabajar de manera coordinada con ellos, reconociendo su experiencia y fortaleciendo sus procesos. Las áreas técnicas de la propia SICT, la SEP, el IMSS, Fonatur, Banobras, la ARTF, Sedena, Semarnat, la Sechti y distintos gobiernos estatales han sido actores centrales. Cada institución aporta programas claros y conocimiento sectorial; el trabajo transversal permite mejorar decisiones de emplazamiento, elevar la calidad arquitectónica de la infraestructura y reforzar la planeación sin duplicar funciones ni generar estructuras paralelas.
Uno de los ejes más relevantes ha sido poner la centralidad y la integración urbana de los equipamientos en el centro del diseño. Hospitales, escuelas, estaciones o deportivos no solo deben funcionar bien: deben estar bien ubicados, ser accesibles y convertirse en referentes del barrio o la ciudad. Un ejemplo histórico es el conjunto de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), proyectado por el arquitecto Alejandro Prieto en los años sesenta. Integrado al tejido urbano, articulado con vivienda, espacios abiertos y servicios, incorporó equipamientos culturales como el cine La Linterna Mágica, concebido como parte del sistema de bienestar social de su tiempo. No se trataba de edificios aislados, sino de una pieza urbana capaz de generar vida cotidiana, identidad y orgullo comunitario. Esa lógica es la que hoy se busca recuperar.
Desde el punto de vista constructivo, se ha apostado por una arquitectura clara, fácil de construir y de mantener, con un impacto social inmediato y un fuerte arraigo territorial. Se privilegian sistemas estructurales simples y modulares, con el uso de perfiles metálicos de línea disponibles en el mercado nacional, mamposterías y soluciones ejecutables por albañilerías locales, herreros y oficios tradicionales. Esto permite que la obra se construya y se repare con capacidades locales, fortalece cadenas productivas regionales y genera una derrama económica directa en la zona. Mientras que en obras lineales como carreteras el gasto en nómina suele rondar 4 por ciento, en este tipo de equipamientos, intensivos en mampostería y trabajo manual, la proporción puede superar el 30 por ciento con efectos inmediatos en empleo, capacitación y permanencia de la obra en el territorio.
El uso de materiales locales refuerza esta visión. El ladrillo es uno de varios ejemplos con fuerte carga histórica. En México, su uso se expandió de manera masiva a partir del siglo XIX, particularmente en la arquitectura civil e industrial: fábricas textiles en Puebla y Veracruz, estaciones ferroviarias, bodegas y equipamientos públicos del Porfiriato. El ladrillo aparente, combinado con piedra y estructuras metálicas, permitió construir edificios durables, funcionales y profundamente ligados a su entorno, una lógica material que hoy vuelve a ser relevante por su desempeño térmico, su durabilidad y su identidad regional.
En paralelo, desde el área se impulsa de manera deliberada la reincorporación del arte al espacio público, especialmente en los equipamientos de mayor escala. El referente histórico es el movimiento modernista mexicano, no como estilo formal, sino como política cultural de Estado. La integración de murales y obras de gran formato en hospitales, estaciones y edificios públicos —como ocurrió en la antigua SCOP o en el Hospital La Raza— entendía la infraestructura como soporte de un relato colectivo. Hoy se busca recuperar esa vocación: que la arquitectura pública vuelva a ser también un escenario cultural, donde arte y espacio construido refuercen identidad, memoria y pertenencia.
La ubicación de la infraestructura se analiza de manera integral. No solo se evalúan distancias y accesibilidad, sino también factores urbanos y bioclimáticos: orientación, asoleamiento, ventilación natural, topografía, relación con el espacio público y sistemas de transporte. Esta metodología se trabaja de manera conjunta con las dependencias desde etapas tempranas. Estudios del Banco Mundial y de ONU-Hábitat señalan que los equipamientos mal localizados pueden incrementar hasta en 30 por ciento los costos de operación. En México, datos del Inegi muestran que los hogares de menores ingresos destinan hasta dos horas diarias para acceder a servicios básicos cuando estos se ubican lejos de sus viviendas. Integrar estos factores desde el diseño fortalece la planeación urbana y mejora el desempeño social, ambiental y económico de la infraestructura.
Lo que se ha construido en este primer año desde el área no es un catálogo de proyectos, sino una forma de entender la arquitectura pública como la cara visible del Estado mexicano. Escuelas, hospitales, estaciones y espacios públicos son, para millones de personas, el primer y más directo contacto con el gobierno. Diseñarlos bien es una responsabilidad histórica. Este esfuerzo representa un paso pequeño, pero indispensable, para que la infraestructura urbana federal vuelva a ser funcional, cercana y reconocible, y para que las obras que hoy se construyen se conviertan en legado arquitectónico y social para las futuras generaciones. Porque cuando el Estado diseña mejor, construye patrimonio público, identidad colectiva y confianza duradera.
Este balance no busca polemizar ni responder a coyunturas específicas. Su propósito es dejar constancia de un método de trabajo público que trasciende a una sola administración: decisiones técnicas, procesos coordinados entre instituciones y responsabilidades asumidas con tiempos y etapas definidas. La arquitectura pública es un esfuerzo continuo, que se construye y se concluye entre administraciones, y cuya responsabilidad final es siempre del Estado en su conjunto. Frente al ruido, la tarea es diseñar, ejecutar y dejar registro.