¿Puede haber en México escuelas seguras, no violentas, con ambientes pacíficos en los que las comunidades educativas sientan que están a salvo?
Sin duda, pensamos que todas las escuelas, de todos los niveles educativos lo son, que la SEP, la UNAM, los gobiernos en turno y todas las instancias de coordinación y autoridad relacionadas con lo educativo garantizan la seguridad en esos entornos cotidianos a los que se puede acudir a estudiar sin sobresaltos ni contratiempos que alteren la paz y el orden, hasta que algún suceso rompe esa idea y evidencia la falta de mecanismos para impedir los actos violentos en los recintos escolares.
La idea de seguridad se volvió a romper el pasado 22 de septiembre ante la noticia que todo México lamentó: el homicidio ocurrido en el CCH sur de la UNAM que quitó la vida a un joven y dejó herido a un trabajador.
Desde hace décadas la violencia en las escuelas es tema de investigación, de análisis, formando también parte de la agenda pública pues organismos como la UNESCO y la OMS, entre otros, han alertado acerca de las distintas modalidades que la violencia adquiere en las instituciones educativas y las repercusiones negativas que conlleva. Los gobiernos son los encargados de llevar a cabo acciones y programas, de coordinar mecanismos, protocolos y estrategias específicas junto con las instancias educativas pertinentes para resguardar los derechos humanos de los millones de niñas, niños, personas jóvenes y adultas en sus actividades escolares diarias.
La violencia interpersonal se presenta en el contexto en el que las personas conviven e interactúan, la familia, la pareja, las amistades y entre desconocidos. La violencia tiene como víctimas a niñas y niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada, puede ser de índoles física, sexual, verbal, psicológica, puede ser por razones de género y culminar en feminicidio; puede también tener consecuencias graves como el homicidio.
Sea acoso escolar, ciberacoso, acoso y hostigamiento sexual o cualquier forma de violencia, es sabido que acarrea consigo consecuencias en el rendimiento escolar, la salud de las víctimas, la depresión, la aparición de ideas suicidas, el ausentismo, el abandono escolar, la disminución de la autoestima, entre muchas otras repercusiones.
Nuestra sociedad pierde y pierde mucho ante sucesos de violencia escolar: el abuso sexual infantil nos cimbra, la existencia de docentes hostigadores sexuales nos indigna, los feminicidios nos dan rabia y por ello se sigue exigiendo que la violencia cese, que se lleven a cabo políticas públicas eficaces, que se tomen medidas contundentes, que se garanticen espacios seguros. Hasta ahora, las medidas y los protocolos creados son insuficientes.
Sería deseable que el mismo sistema educativo pudiera avanzar en la prevención y atención de la violencia, ello implicaría transformar los programas educativos y la práctica docente, poniendo énfasis en los derechos humanos, la desnaturalización de la violencia, la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad. Habría que esperar que la misma educación contrarreste la dinámica violenta presente en el país. ¿Será esto posible?
