El futuro en manos de una reforma
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Puebla, 24 de marzo de 2026
La historia política de México ha demostrado una y otra vez, que cuando el poder se siente cómodo, la democracia se vuelve incómoda. Hoy, con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la 4T, el país vuelve a colocarse en un punto de inflexión: discutir no solo cómo elegimos a nuestros gobernantes, sino si seguiremos contando con un sistema electoral que garantice equilibrio, independencia y competencia real. El debate no es menor. Lo que se está discutiendo no es una actualización técnica del modelo electoral: es, en los hechos, una reconfiguración profunda del árbitro y de las reglas del juego político en México.
Es cierto que el sistema electoral mexicano está lejos de ser perfecto. Ningún especialista serio lo afirmaría. Sin embargo, con todos sus defectos, el modelo que nació de las reformas impulsadas durante décadas, permitió algo que antes parecía imposible: la alternancia. Gracias a ese marco institucional el país fue gobernado por el PAN dos veces, luego por el PRI y hoy por Morena. Fue un sistema que, aunque imperfecto, abrió la puerta a una democratización real, visible y medible, pero esos avances comenzaron a erosionarse cuando el Instituto Nacional Electoral, sin ser reformado ni desaparecido, fue cooptado gradualmente por el movimiento en el poder. La estrategia fue sencilla: no desmontar al INE, sino tomar el control desde dentro, nombrar perfiles cercanos, moldear criterios e influencias, y debilitar paulatinamente la autonomía que durante años fue tan celosamente defendida. Y ahora, el tiro de gracia llega en forma de reforma electoral.
A diferencia del pasado, cuando las reformas se construían a partir de la presión de la oposición para garantizar procesos más justos, más transparentes y más equilibrados, esta vez la iniciativa proviene del partido en el poder. La motivación es evidente: asegurar que el control político sea prolongado, quizá de forma indefinida. Lo preocupante no es solo el contenido de la propuesta, sino la lógica con la que está siendo impulsada. El propio Pablo Gómez, responsable de la comisión presidencial para la reforma electoral, declaró que un órgano administrativo como el INE “no puede ser autónomo” y que la reforma, “no será producto del consenso” entre las fuerzas políticas. Las palabras hablan por sí solas. Y, de paso, revelan una contradicción brutal. ¿Se imaginan el escándalo que habrían armado López Obrador y sus aliados cuando eran oposición si alguien, desde el gobierno de Peña Nieto o Calderón, hubiera pronunciado una frase semejante? Hubieran acusado autoritarismo, fraude anticipado, regresión democrática y más, hoy sin embargo, desde el poder, el discurso ha cambiado convenientemente.
Lo más llamativo es que el comentario de Pablo Gómez no cayó ni siquiera bien dentro de Morena. Ricardo Monreal y la propia presidenta Sheinbaum salieron a contradecirlo públicamente, garantizando (de palabra) que el INE seguirá siendo autónomo, ese y otros sucesos, demuestran que por más disciplina que presuman, la 4T no es un bloque uniforme y que la reforma electoral, lejos de unirlos, está revelando tensiones profundas.
El otro suceso fueron las declaraciones del diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo, aliado histórico de Morena, quien con un sincericidio monumental, cuestionó la necesidad de una reforma electoral urgente, argumentando que Morena y sus aliados ya controlan el Poder Ejecutivo, el Legislativo e incluso el Judicial. Un comentario que, aunque cínico, admite una realidad incómoda: sin el apoyo del PT y del Partido Verde, Morena simplemente no tiene los votos para aprobar esta y otras reformas constitucionales.
Está resistencia por parte incluso de los partidos cercanos al oficialismo no es gratuita. Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la desaparición de las diputaciones plurinominales, una medida que beneficia únicamente a Morena y que amenaza con borrar del mapa político a sus propios socios. Las cifras son contundentes: si hoy se eliminan las plurinominales, el PAN pasaría de 70 a 31 diputados; el PRI de 37 a apenas 11; y Movimiento Ciudadano se desplomaría de 38 a un solo diputado, además de que el PT y el Verde desaparecerían prácticamente. Es decir, la reforma consolida a Morena y pulveriza a los demás.
La ironía es profunda, durante años Morena fue un partido minoritario cuya supervivencia dependía de la representación proporcional. Gracias a las plurinominales creció, ganó presencia, obtuvo voz y fue acumulando fuerza política. Y hoy que ya es poder, pretende eliminar el mismo instrumento que le permitió convertirse en una alternativa real. La consecuencia sería devastadora para el pluralismo: un sistema sin oposición competitiva, con un Congreso dominado casi en su totalidad por un solo partido, y con un árbitro electoral debilitado. Por ello no es exagerado que a esta iniciativa se le haya apodado “la Ley Maduro”; la comparación no es gratuita, pues algunos aseguran, se parece inquietantemente a los mecanismos usados, para consolidar hegemonías disfrazadas de reformas técnicas.
Lo paradójico es que lo que podría ser el golpe final para blindar un aparato político que impida la alternancia, podría terminar siendo la primera gran derrota legislativa de Sheinbaum. Una derrota que revelaría algo fundamental: que la oposición, si actúa con inteligencia y cohesión, y los aliados de Morena cuidan su supervivencia, pueden frenar los excesos del partido en el poder. La reforma electoral no solo pone a prueba al sistema democrático, también pone a prueba la capacidad de contención del Congreso ante la tentación autoritaria.
México requiere sin duda una reforma electoral. Ojo una que perfeccione, no que destruya los avances históricos que permitieron la transición democrática, la alternancia y la llegada de Morena mismo al poder. Lo que el país necesita es fortalecer la independencia del árbitro electoral, garantizar reglas claras, transparentes y funcionales, y corregir las áreas donde sí existen disfunciones. Pero una reforma diseñada para excluir, reducir, anular y garantizar hegemonías no perfecciona la democracia: la mutila.
El futuro inmediato definirá si México sigue avanzando hacia un modelo democrático más sólido o si comienza a recorrer el camino inverso, ese en el que el poder se concentra, el disenso se castiga y la competencia electoral se vuelve un simulacro. Si la reforma se frena, será una victoria institucional. Si se aprueba, será un retroceso histórico. La pregunta que queda en el aire es la más importante: ¿están nuestras instituciones —y nuestra clase política— listas para defender la democracia cuando el poder decide ponerla a prueba? Veremos.
