En una entidad que atraviesa crisis de seguridad, reclamos empresariales, indicadores económicos tensos y una discusión pública polarizada sobre la veracidad de las cifras oficiales, la transparencia exige más que cumplir el mínimo constitucional.
Aunque el informe constitucional se entregó el 15 de noviembre, la comparecencia donde el gobernador debe responder preguntas —la verdadera rendición de cuentas— quedó aplazada hasta el 28 de noviembre. Es la segunda vez que Rocha modifica públicamente la fecha: primero dijo que estaría listo el mismo día de la entrega; después informó que “no podía” asistir por compromisos; ahora comparecerá en una nueva fecha autorizada por el Congreso. El movimiento confirma algo más profundo: en Sinaloa, el tiempo para rendir cuentas se acomoda a la agenda del Ejecutivo, no al revés.
Rocha subrayó en la semanera del lunes que el encuentro del 28 se realizará “exactamente como lo marca la Constitución”, es decir, una reunión de trabajo prevista en el artículo 40: sin protocolo, sin acto político y sin presencia de invitados especiales. El gobernador insistió en que será un evento austero, sin figuras federales y sin el tradicional despliegue mediático que durante años caracterizó los informes de gobierno. La austeridad institucional puede sonar correcta, pero también reduce la visibilidad pública del único momento del año en que el Ejecutivo debe responder cuestionamientos directos del Legislativo.
La decisión llega en un momento en que su informe enfrenta cuestionamientos externos. Días atrás, Coparmex Sinaloa y organizaciones civiles presentaron un informe ciudadano acusando falta de objetividad y señalando que los datos oficiales no coinciden con las experiencias de violencia e incertidumbre económica que viven las familias. Criticaron que el mensaje del 15 de noviembre omitió indicadores clave y anunciaron una iniciativa para obligar a que los informes se basen en cifras verificables. En ese escenario, optar por un formato reducido y aplazado no fortalece la percepción de apertura.
El 28 de noviembre el gobernador comparecerá porque así lo establece la ley; pero la forma en que llegó a esa fecha —entre cambios, explicaciones y una comparecencia deliberadamente austera— deja una pregunta abierta: ¿la austeridad sirve para transparentar, o para limitar la mirada pública en el momento más crítico del año político?
