Regeneración 19
Uno de los principales mecanismos para distribuir la riqueza entre quienes se encuentran trabajando de manera formal en alguno de los sectores productivos en el país, es a través de los sueldos y salarios. En México aunque se han registrado incrementos significativos en el salario mínimo, al pasar de $ 88.36 pesos por jornada de trabajo diaria en el año 2018, a $ 278.80 pesos en el año 2025, se aprecia que el incremento ha sido significativo, y a los que más ha beneficiado son a los trabajadores de los deciles más bajos del ingreso, situación que generó entre otras cosas que más de 13 millones de personas salieran de la pobreza recientemente; aunque haya quienes piensen que ha sido producto de los programas sociales universales diseñados e implementados en el mismo periodo, sin embargo, los ingresos que las familias reciben de las transferencias de los programas sociales solo representan el 17% de los ingresos familiares, el resto de su ingreso es producto del trabajo desempeñado.
Al respecto, han sido evidentes los incrementos a los salarios que se han aplicado recientemente, aun así, el problema de la desigualdad en el ingreso en el país dista mucho de quedar en el pasado, ya que de acuerdo con el reporte presentado por Oxfam México en octubre del año pasado, denominado El Monopolio de la Desigualdad, hace alusión a esta condición tan arraigada en nuestro país; en dicho informe se expone que la fortuna conjunta de Carlos Slim y de German Larrea creció en un 70% durante los últimos cuatro años, es decir del año 2021 al 2024, lo cual muestra que el sistema de distribución de la riqueza aún no genera equidad, lo que contribuye significativamente a un incremento de la desigualdad.
Según dicha organización, la riqueza de los personajes antes citados equivale a seis de cada 100 pesos de la riqueza privada del país, dicha cifra representa la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe, que suman alrededor de 334 millones de personas.
Los anteriores datos, son más que evidentes y hace necesario reflexionar sobre los compromisos entre los diversos agentes económicos y sociales que deben pactar a fin de generar nuevos acuerdos que permitan una mejor distribución de los beneficios derivados de la producción. Ahora bien en este sentido solo se hace alusión a los ingresos de los trabajadores por su actividad en los sectores productivos, hace falta una consideración especial, al momento de considerar que en México más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra desarrollando sus actividades en la informalidad, con todas las consecuencias que esto genera, en primera instancia el no estar inscritos en un sistema de seguridad social que los proteja ante adversidades derivadas de la actividad laboral, además de no contar con un sistemas para el retiro o de pensiones, ni de acceso a la salud, entre otros beneficios.
Es en este sentido que en la relación de la distribución de los beneficios que se dan entre el capital y los trabajadores, debe establecerse bajo la premisa fundamental de reducir los niveles de desigualdad que han prevalecido e inclusive se han agudizado en los últimos años en México. Si bien es cierto que la nueva política salarial diseñada a partir de 2018, ha generado un parteaguas en el sentido de identificar los beneficios de los incrementos salariales en el fortalecimiento del mercado interno y en el dinamismo económico del país, por lo que se espera que al menos en los próximos años, se continúe con la misma tendencia a fin de reducir los niveles de desigualdad, de ser así, se estará construyendo una nueva economía donde la movilidad social se dé de los deciles más bajos del ingreso hacia arriba.
