Hay datos que no admiten demasiadas interpretaciones. Más de diez mil quejas en un solo año contra el transporte público del Estado de México no hablan de casos aislados ni de malos días, hablan de un sistema que no está funcionando y que, peor aún, se ha vuelto más caro sin ofrecer beneficios claros. Cuando el precio sube y el servicio empeora, algo se está haciendo mal.

Durante 2025, la Secretaría de Movilidad recibió en promedio casi 30 denuncias diarias por la mala prestación del servicio (sin contar las cientos más diarias que no se denuncian). Maltrato, manejo inadecuado, cobros excesivos, exceso de velocidad, uso del celular al volante y, de manera especialmente grave, acoso sexual. No son fallas menores, son experiencias que convierten cada trayecto en una fuente de estrés y miedo, sobre todo para las mujeres.

El aumento de la tarifa en el Estado de México, de 12 a 14 pesos, entró en vigor en octubre y no vino acompañado de mejores unidades ni mayor seguridad. De manera paralela, también se registró un incremento en la Ciudad de México. Para decenas de miles de mexiquenses que todos los días cruzan de un estado a otro para trabajar, estudiar o cuidar a su familia, esto significó un golpe directo a su economía. El aumento combinado implica gastar entre 250 y casi 400 pesos más al mes solo en transporte. No es una cifra menor, es dinero que deja de destinarse a comida, medicinas o completar la renta.

En el último trimestre del año, justo después del incremento, las quejas se duplicaron. Es decir, se paga más para viajar peor. Desde cualquier perspectiva económica, eso es una pérdida para los hogares. Desde una perspectiva social, es una señal clara de abandono institucional.

Es importante decirlo con claridad: el problema no son necesariamente las y los choferes. Ellos también son trabajadores, sometidos a jornadas largas, esquemas de pago precarios y presiones constantes. Responden a la lógica de concesionarios y grandes emporios del transporte que priorizan la rentabilidad sobre la seguridad y la dignidad. El fondo del problema está en un modelo mal regulado, con poca supervisión y casi sin consecuencias para quienes incumplen.

Ese modelo afecta de manera desigual. Para las mujeres, el transporte público no solo es incómodo o caro, es peligroso. El acoso condiciona horarios, rutas y decisiones. Viajar se vuelve un acto de resistencia cotidiana. Cuando el Estado no corrige, el mensaje implícito es que cada uno se cuide como pueda.

El transporte público es un espacio comunitario. Ahí se cruzan trabajadores, estudiantes, madres, hijas, adultos mayores, cuando ese espacio falla, la vida diaria se vuelve más costosa, más violenta y más desigual. No se trata solo de movilidad, se trata de cómo se organiza la vida en común y de cuánto vale el tiempo y la seguridad de las personas.

Por eso es inevitable decirlo: vamos por mal camino. Subir tarifas sin mejorar el servicio, tolerar abusos y normalizar el riesgo no puede ser la ruta. Corregir esto no es un asunto técnico, es una decisión política que define de qué lado está el gobierno; o de la gente o de los “corporativos” del transporte.