Las personas adultas mayores no necesitan compasión, necesitan respaldo. Llegar a la vejez debería significar descanso y cuidado, no abandono ni miedo. Una vejez digna implica acompañamiento, protección y presencia del Estado y de la sociedad.
El abandono de las personas adultas mayores es una de las expresiones más dolorosas y silenciosas de la injusticia social en nuestro país. No siempre deja huellas visibles, sin embargo, hiere profundamente cuando falta el cuidado, el acompañamiento y el reconocimiento hacia quienes dedicaron su vida a sacar adelante a sus familias y a construir comunidad. En pleno siglo XXI, miles de hombres y mujeres mayores enfrentan su vejez en soledad forzada, sin redes de apoyo ni mecanismos efectivos que detengan la vulneración de sus derechos más básicos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en México viven 17 millones 121 mil personas adultas mayores, lo que representa el 12.8% de la población total; son madres, padres, abuelas y abuelos que encarnan la historia viva del país. Sin embargo, casi el 47% enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad, marcadas por la pobreza, carencias de ingreso, falta de acceso a seguridad social, discriminación, violencia y problemas de salud.
Esta realidad adquiere un rostro aún más cercano en Zacatecas, donde más de 200 mil personas adultas mayores viven esta etapa de la vida en condiciones de profunda fragilidad social. Casi tres de cada diez se encuentran en situación de pobreza, y una proporción aún mayor enfrenta carencias en seguridad social, acceso efectivo a servicios de salud y condiciones dignas de ingreso, lo que acentúa la precarización y la soledad. El abandono, en cualquiera de sus formas, no solo deteriora la calidad de vida de las personas adultas mayores, sino que fractura el tejido social y evidencia la urgencia de políticas públicas solidarias, inclusivas y efectivas que garanticen una vejez digna.
Para enfrentar esta problemática y garantizar que el abandono deje de ser un vacío legal y social, presenté una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esta iniciativa busca sancionar con penas de uno a cuatro años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor y, si este abandono causa lesiones o daño, aumentar la sanción. Además, obliga al Estado a implementar de manera inmediata medidas integrales de protección, como atención médica y psicológica urgente, aseguramiento de condiciones dignas de alimentación y vivienda, acompañamiento jurídico y social, y acciones para garantizar la restitución plena de sus derechos.
