Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y responsable de la estrategia contra el crimen organizado, fue condenado en EE. UU. por conspiración internacional para la distribución de cocaína, delincuencia organizada y declaraciones falsas ante la autoridad migratoria.

Felipe Calderón escribió: “Sobre el caso García Luna, señalo: 1) Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él; 2) No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”.

El presidente Andrés Manuel se pronunció en tres ocasiones sobre el tema. El 16 de agosto de 2019, en la mañanera, señaló: “Y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que tenía buenas intenciones pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. Todos los presidentes saben lo que sucede, además es un sistema político presidencialista”.

Finalmente, el 15 de octubre de 2019 en SLP afirmó: “El presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban… eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede, y las tranzas grandes que se llevan a cabo, si se realizaban, llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, por facilitar operaciones de lavado de dinero con transacciones por más de 40 millones de dólares vinculadas a García Luna.

El 19 de marzo de este año, autoridades federales inspeccionaron en Tampico el buque Challenge Procyon, proveniente de EE.UU., que transportaba casi 10 millones de litros de diésel declarados falsamente como petroquímicos para evadir impuestos. El llamado huachicol fiscal se perfila como uno de los mayores escándalos recientes de corrupción. Este caso, que representa un daño estimado en 170 mil millones de pesos, podría ser el más grande de la historia.