¿Y el Plan México?
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Zacatecas, 3 de abril de 2026
El Plan México, estrategia insignia del gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos objetivos buscan colocar al país cómo la décima economía del mundo y generar al menos 1.5 millones de empleos, comienza mal. La brecha entre el papel y la realidad es profunda.
Para alcanzar las metas del plan es menester invertir en infraestructura un promedio de 891 mil millones de pesos por año, el decreto de presupuesto de egresos de la federación que los diputados aprobarán en el mes de noviembre, contempla recursos destinados a la generación de infraestructura por 525 mil millones de pesos, lo que, de entrada, deja descobijados los propósitos del plan, y comienza a dibujarlo como inviable.
Mal augurio que en el primer año el plan quede lejos de sus metas. La opción pudiera ser que los recursos destinados a la inversión pública se vieran fortalecidos con capital privado, lo que pasa por la necesidad de reducir la incertidumbre que por ahora prevalece, de otra suerte, el plan abortará pronto y con él la esperanza de miles de mexicanos. ¿Qué fue lo que pasó?
El paquete económico para 2026, que por ahora se discute en las Cámaras, quedó corto, no hubo manera de alinearlo a los objetivos del Plan México, los ingresos no alcanzaron para financiar las acciones que lo hicieran posible, demostrado está que un plan sin presupuesto es demagogia. Y es que, en la medida que se mantenga caprichosamente la idea de no fortalecer los ingresos públicos mediante una profunda reforma al sistema tributario, las posibilidades de elevar la inversión pública están canceladas. Entiendo que la única razón por la que se insiste en no impulsar una reforma fiscal es el temor al desgaste político, a ver afectada la popularidad con que ahora se cuenta, a pesar de que las promesas incumplidas tendrán el mismo efecto.
La escasa inversión pública tiene una sencilla explicación, por un lado, el nivel de los ingresos que provienen del sistema impositivo es débil, y por el otro, las presiones del gasto público son elevadas y crecientes. Registre usted estimado lector, sólo la nómina pensionaria, el costo financiero de la deuda y las transferencias a estados y municipios superan a la suma de la recaudación total de los impuestos sobre la renta y al valor agregado. Ello demuestra la incapacidad que padece el estado mexicano para financiar su desarrollo.
Dije al principio, quizá si se alinean a los objetivos del plan las inversiones de capital privado, es decir, si se logra que los empresarios inviertan en los rubros que a la Presidenta le interesan, podría alcanzarse el volumen necesario, pero para ello, sería necesario mejorar el ambiente de negocios, marcadamente aquellos aspectos que generan incertidumbre, lo que no parece posible, porque la suma de reformas al marco legal es precisamente lo que la ha generado. La prisión preventiva oficiosa, la vigilancia en tiempo real, la curp biométrica, el nuevo poder judicial, las medidas antilavado y ahora las reformas a la ley de amparo, a la ley aduanera y al código fiscal de la federación, hacen un todo que preocupa no sólo al empresario, al ciudadano común también. Si a todo ello le agregamos, la revisión del T-MEC y la turbulencia comercial global, se genera un caldo de cultivo que socava los arrestos que se requieren para invertir.
En suma, si el gobierno no tiene manera de invertir en infraestructura, energía y agua, (principales objetivos del Plan México) y el empresario padece incertidumbre ¿De dónde estamos esperando que salgan los recursos necesarios para impulsar la economía y generar empleos? Es chocante, pero la respuesta está a centímetros de la nariz: modernizar el sistema fiscal y mejorar el ambiente de negocios son las únicas medidas que harán posible que la estrategia más importante que tiene el gobierno para crecer se cumpla. Sin ellas el Plan México será solamente papel y buenas intenciones.
