Todo ello exige tiempo, dinero y un proyecto de gobierno acorde a la situación de cada municipio. Son tiempos de prueba. Ya veremos si la desilusión se repite o si cuerpo de mujer por fin garantiza una política pública a favor de los derechos humanos.
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
En medio de un sismo que provocó terror en diferentes puntos de México y del secuestro del presidente de Venezuela a manos del ejército estadounidense, transcurren los primeros días de 2026. El inicio también ha sido bastante ajetreado en el ámbito municipal veracruzano, pues fue una de las dos entidades de la República que en 2025 sostuvieron un proceso electoral para renovar ayuntamientos. En el marco del año nuevo, presidentas y presidentes de 211 municipios tomaron protesta. Sólo Tamiahua quedó a la espera de una elección extraordinaria, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección.
En la renovación de gobiernos municipales, del total de cargos asumidos, son 51 las mujeres que ostentarán el cargo de presidenta municipal. Representan algo más del 24%. Desde luego, es un número importante. Inevitablemente, surgen preguntas sobre cómo será su proyecto político para gobernar más allá de su procedencia partidista. ¿Harán un aporte estratégico para el avance de los derechos de las mujeres? ¿O nos enfundarán en una imaginaria minoría? ¿Pensarán que las problemáticas de las mujeres se resolverán cuando se atiendan primero las necesidades de “toda la población”?
Todas ellas, las 51 presidentas, gobernarán municipios que desde hace una década se encuentran bajo Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio implementada por el gobierno federal. Inicialmente fue decretada para once municipios, así como para aquellos que tuvieran población indígena, pero actualmente ha extendido su precaria cobertura a toda la entidad. También hay otra Alerta más por agravio comparado, la cual contempla el total del territorio estatal; sumado a ello, está en proceso una tercera Declaratoria por desaparición de mujeres en Veracruz, la cual fue interpuesta por organizaciones de la sociedad civil desde 2019.
La renovación de cargos siempre trae consigo la expectación sobre la manera de gobernar de las mujeres. Para el movimiento feminista constituye también la posibilidad de observar un logro por el que muchas mexicanas arriesgaron la vida hace más de un siglo: que cada ciudadana pudiera votar y ser votada. A ello se suma la posibilidad de que las elegidas por voto popular constituyan una fuerza que impulse la justicia a favor de las mujeres, principalmente a favor de quienes tienen vidas precarias, sumidas en violencias y que a duras penas sobreviven a la impunidad.
Salvo algunas excepciones, ha imperado el desencanto. Regularmente, las funcionarias de diferentes ámbitos de gobierno sean elegidas por voto popular o no, han sido subsumidas por los intereses de partidos misóginos que han hecho circo, maroma y teatro de la paridad y la perspectiva de género. Son tiempos de prueba. De ilusión, ensayo y error, pero también de buenas sorpresas. Así cada inicio de gobierno municipal encabezado por mujeres.
Al menos son tres los elementos fundamentales para que trabajen con efectividad para la población femenina que gobiernan: un proyecto sólido y garante de los derechos humanos que vaya más allá del discurso y se materialice en dependencias municipales coordinadas que no miren las problemáticas de las ciudadanas como una “papa caliente” que sólo le corresponde atender al instituto municipal de las mujeres. Todas las dependencias deben atender coordinadamente estas problemáticas, bajo protocolos de acción y acorde a las atribuciones de cada instancia.
Si bien la atención a los derechos de las mujeres requiere de un presupuesto digno, la prevención de problemáticas desatendidas históricamente es decisiva para un uso estratégico de partidas presupuestales, las cuales siempre son precarias cuando de mujeres se trata. Justo en ello se cifra el concepto “presupuestos con perspectiva de género” y su uso estratégico es un segundo elemento fundamental: protocolos y espacios dignos de atención a la salud mental, formación en derechos humanos con infancias y juventudes, casas de tránsito y/o refugios para mujeres e infancias víctimas de violencias. El tercer elemento nodal consiste en un instituto municipal de las mujeres que, con respaldo de la presidenta, coordine acciones a favor de los derechos de las niñas, adultas y adultas mayores.
