Violencia política de género
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X: @lorenapignon_
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Xalapa, 9 de marzo de 2026
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La violencia política de género representa uno de los obstáculos más perniciosos para la consolidación democrática en México, y como mujer que ha transitado por la vida política desde mi juventud, puedo dar testimonio de sus múltiples manifestaciones. Este fenómeno trasciende las fronteras partidistas y se manifiesta en todos los niveles de gobierno, requiriendo un análisis profundo que vaya más allá de las definiciones jurídicas para adentrarse en sus expresiones más sutiles y dañinas.
En mi trayectoria he experimentado en carne propia las formas más corrosivas de esta violencia: aquellas que no se limitan a las agresiones físicas o las amenazas explícitas, sino que se manifiestan de manera pasivo-agresiva a través de la invisibilización sistemática del trabajo político femenino. La omisión deliberada de nuestros nombres y logros, así como la minimización de nuestras contribuciones significativas, constituyen una forma de violencia simbólica que erosiona nuestra legitimidad y presencia en el espacio público.
Durante los años más recientes, afortunadamente, hemos visto la implementación de sanciones más severas que representan un progreso innegable, aunque insuficiente para erradicar prácticas arraigadas en estructuras patriarcales profundas. Mi experiencia, que abarca desde la juventud hasta mi actual responsabilidad legislativa, refleja tanto la persistencia histórica del problema como estos avances normativos.
Sin embargo, el combate a la violencia política de género enfrenta una paradoja compleja que debo señalar con honestidad. Algunas voces han utilizado este legítimo reclamo como mecanismo de censura contra comunicadores y analistas políticos, distorsionando el propósito original de la protección. Esta instrumentalización no solo deslegitima nuestra lucha genuina contra la violencia, sino que genera resistencias innecesarias en sectores que deberían ser nuestros aliados naturales en la construcción de una democracia más inclusiva.
La distinción entre crítica legítima y violencia política de género debe ser clara y precisa. La primera es consustancial a la democracia; la segunda es incompatible con ella. Confundir ambas categorías debilita tanto la libertad de expresión como la protección efectiva de las mujeres en política. Es fundamental que mantengamos esta claridad para no debilitar la causa que defendemos.
La violencia política de género no conoce fronteras ideológicas ni partidistas. Se manifiesta en espacios de izquierda y derecha, en organizaciones progresistas y conservadoras, en instituciones federales, estatales y municipales. Esta transversalidad exige respuestas igualmente amplias que trasciendan las coyunturas electorales y se inserten en políticas públicas de largo aliento.
El ejercicio de cargos de elección popular, la responsabilidad burocrática en los tres niveles de gobierno y la participación en organizaciones civiles constituyen espacios donde esta violencia se reproduce cotidianamente. La normalización de estas prácticas ha generado un ambiente hostil que desalienta la participación femenina y empobrece la calidad democrática.
Para las jóvenes y adolescentes que inician su camino en la política, mi mensaje es claro: no se callen. La participación femenina en la vida pública no es una concesión, sino un derecho fundamental que requiere ejercerse con valentía y determinación. Mi experiencia y la de muchas otras mujeres que hemos abierto camino demuestra que, a pesar de los obstáculos, es posible construir carreras políticas exitosas y transformar las estructuras excluyentes.
El feminismo político, lejos de ser una posición sectaria, constituye una herramienta analítica indispensable para comprender y transformar las relaciones de poder. Su incorporación al debate público ha enriquecido la democracia mexicana y ha visibilizado problemáticas históricamente ignoradas. Como feminista, reconozco que esta perspectiva nos ha permitido identificar y combatir formas de violencia que antes pasaban desapercibidas.
La erradicación de la violencia política de género requiere un esfuerzo colectivo que involucre a todos los actores del sistema político. Partidos, instituciones, medios de comunicación y sociedad civil deben asumir su responsabilidad en la construcción de espacios verdaderamente democráticos. No podemos permitir que la instrumentalización de este concepto para ejercer censura empañe la legitimidad de nuestra lucha.
La democracia mexicana será plena cuando todas las voces puedan expresarse sin temor, cuando todos los talentos puedan desarrollarse sin restricciones de género, y cuando la violencia política sea un recuerdo del pasado. Ese horizonte, aunque lejano, debe guiar nuestras acciones presentes y futuras. Mi compromiso como legisladora es seguir trabajando para que cada vez más mujeres encuentren en la política un espacio de realización y servicio público, libre de violencia y lleno de oportunidades.
