Por: Gael Haziel Molina Hernández
@gaelhaziel
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo de fuerzas federales no puede leerse como un episodio más dentro de la prolongada guerra contra el narcotráfico. Se trata de un punto de inflexión. La caída del que durante años fue el objetivo prioritario del Estado mexicano envía una señal contundente: el gobierno ha decidido ejercer su capacidad coercitiva sin ambigüedades ni rodeos. No con abrazos, no con discursos y con esto, parece cerrarse una etapa marcada por la política de contención que predominó en el sexenio anterior.
Durante años, la estrategia de seguridad transitó en una, incómoda, zona gris. Había información, se conocían rutas, estructuras y zonas de influencia del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la decisión definitiva se pospuso una y otra vez. El cálculo político, el temor a una escalada violenta y el costo en vidas humanas operaron como frenos constantes. Esa dilación no fue gratuita: comunidades sometidas por la extorsión, territorios capturados por el crimen e instituciones desafiadas de forma abierta fueron parte de la factura.
Hoy el gobierno federal ha optado por un viraje. Desde el inicio de la nueva administración se ha intentado marcar distancia respecto del enfoque previo. La estrategia encabezada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ha apostado por inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y, cuando la circunstancia lo exige, el uso decidido de la fuerza pública. La caída del líder criminal se convierte así en el emblema más visible de ese cambio de rumbo.
Conviene, sin embargo, no romantizar el episodio. El operativo tuvo un costo elevado. La reacción del crimen organizado dejó decenas de elementos de seguridad caídos, además de una ola de violencia que incluyó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ciudades paralizadas durante horas. El mensaje de los grupos criminales fue claro: aún conservan capacidad para desestabilizar regiones enteras. Esa es la factura inmediata de confrontar estructuras delictivas profundamente arraigadas.
Es evidente que la presión de Estados Unidos formó parte del contexto. Durante años, Washington exigió resultados frente a uno de los principales operadores del tráfico de fentanilo hacia su territorio. La cooperación en inteligencia fue clave para ubicar el objetivo. No obstante, conviene subrayar el elemento central: la decisión operativa fue mexicana. El objetivo era mexicano. Los elementos caídos son mexicanos. Y la operación se ejecutó en territorio nacional por fuerzas del Estado mexicano.
Este matiz importa. Durante el último lustro, y especialmente con los episodios de tensión bilateral recientes, la discusión sobre soberanía e injerencia ha estado permanentemente sobre la mesa. El resultado del operativo demuestra que la cooperación internacional puede coexistir con la conducción soberana de la política de seguridad. México no actuó como apéndice de nadie; actuó como un Estado que asume el control de su propia crisis de violencia.
El costo ha sido alto y probablemente no será el último, pero la alternativa resultaba más onerosa: prolongar la inacción, administrar el conflicto o subordinar la seguridad pública al cálculo político. Hoy el mensaje hacia dentro y hacia fuera es claro: la violencia criminal no se contiene con consignas. Se enfrenta con decisiones firmes y con la convicción de que la ley, finalmente, debe prevalecer.
