Por: Gael Haziel Molina Hernández
El país no está para eso. El gobierno tampoco. Hay demasiados desafíos reales como para invertir capital político en una confrontación que promete más ruido que soluciones.
@gaelhaziel
Como si no estuviéramos ya lo suficientemente cargados de temas que exigen cabeza fría y una conversación pública menos tensa, ni siquiera me refiero a la unidad nacional, sino al menos de algo de sensatez, aparece ahora el debate sobre la reforma electoral y lo hace en el peor momento posible.
Ahí está, aún fresca, la tensión por las amenazas de intervención de Estados Unidos en territorio mexicano, ahí está también la urgencia de reactivar el crecimiento económico, que no es solo un asunto de cifras sino de estabilidad, confianza y futuro. Para todo eso se necesita certeza, calma, reglas claras, en su lugar, volvemos a un tema que, por su propia naturaleza, divide y polariza.
Porque la reforma electoral no es una discusión técnica, nunca lo ha sido y nunca lo será. Desde el oficialismo se presenta como una oportunidad para desmontar lo que llaman los últimos restos de una transición fallida. Desde la oposición, en cambio, se vive como una batalla existencial: la última línea de defensa frente al supuesto desmantelamiento del orden democrático construido desde 1996 y simbolizado en el INE.
A ver, no todo es blanco o negro. Hay aspectos del sistema electoral que SÍ deben revisarse. Negarlo sería irresponsable como la fiscalización del dinero, por ejemplo, es un pendiente enorme. No solo cuánto reciben los partidos, sino cómo lo gastan y, sobre todo, de dónde viene lo que gastan. Evitar que recursos ilícitos, criminales o de poderes fácticos se cuelen en la política no es un capricho: es una necesidad democrática básica.
También está el problema de la sobrerrepresentación. ¿Hasta qué punto es aceptable para garantizar gobernabilidad? ¿Debe corregirse para que exista una correspondencia más fiel entre votos y escaños? Lo que hoy tenemos ha permitido abusos evidentes, y eso no se puede seguir normalizándose.
Otro tema delicado es el poder de las cúpulas partidistas que, curiosamente, aquí coinciden muchas voces, incluso fuera de Morena. La pregunta no es sólo cuántos plurinominales debe haber, sino cómo garantizar que las minorías estén representadas sin que eso signifique que las dirigencias sigan decidiendo todo desde arriba, sin ciudadanos reales detrás.
Después del desgaste brutal que dejó la reforma judicial, con todos los costos políticos e institucionales que implicó, abrir ahora otro frente igual de explosivo parece una torpeza estratégica. Porque, por más que se niegue desde Palacio, este debate inevitablemente será leído como un intento por controlar al árbitro electoral. Y eso, en cualquier democracia, es gasolina para el conflicto.
