Las reiteradas violaciones al Estado laico se han vuelto peligrosamente cotidianas en México. Funcionarios públicos, obligados a respetar y hacer cumplir la Constitución, actúan como si desconocieran o minimizaran lo dispuesto en los artículos 40 y 130.

En lugar de ejercer su responsabilidad con apego a la ley, permiten que sus convicciones religiosas influyan en decisiones y actos de gobierno, favoreciendo abiertamente a una religión en particular.

Esta conducta no solo erosiona la neutralidad del Estado mexicano, sino que también debilita el principio de igualdad y vulnera la convivencia democrática.

Cuando un funcionario, sin importar el partido político al que pertenezca, confunde sus creencias religiosas con su función pública, deja de representar a una sociedad plural y traiciona el carácter laico de la República.