Nuevamente, esta decisión es un repliegue unilateral del poder estadounidense, que pone sobre la mesa la pregunta que titula nuestro artículo, ¿para qué sirve la ONU si es incapaz de enfrentar crisis complejas?
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
En la coyuntura global marcada por tensiones sin precedentes y una reconfiguración de la geopolítica tradicional, el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su país iniciará la salida de más de 60 organismos internacionales, incluyendo agencias ligadas a la ONU, abre cuestionamientos profundos sobre la legitimidad, utilidad y futuro del sistema multilateral internacional.
La Organización de las Naciones Unidas fue concebida en 1945 como la guardiana de la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos. Su Carta prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados, salvo en casos muy específicos, y busca establecer mecanismos de prevención, diálogo y cooperación para resolver conflictos. Sin embargo, cuando las grandes potencias deciden actuar por su cuenta, la ONU queda reducida a una caja de declaraciones y resoluciones simbólicas.
El reciente caso de Venezuela es ilustrativo. Desde 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó resoluciones instando al gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria y poner fin a violaciones de derechos humanos, y ha renovado misiones internacionales para documentar hechos y abusos.
Pero estas acciones han sido puras declaraciones, sin mecanismos coercitivos ni capacidad de hacer cumplir recomendaciones. El gobierno venezolano expulsó a funcionarios de la oficina de derechos humanos de la ONU y declaró persona non grata al Alto Comisionado por criticar violaciones de libertades civiles, evidenciando el limitado alcance de la institución.
Paradójicamente, mientras la ONU se limita a pronunciamientos, las grandes potencias pueden mover sus ejércitos y redefinir por la fuerza las reglas que ellos mismos ayudaron a crear. En enero de 2026, una operación militar liderada por Estados Unidos en Venezuela culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, desencadenando condenas de decenas de países y del propio sistema de derechos humanos de la ONU, que señaló que la acción violaba el principio fundamental de no intervención y la soberanía del Estado venezolano.
A pesar de que el Secretario General y la Oficina de Derechos Humanos llamaron a respetar la Carta de la ONU, el organismo no pudo impedir la operación ni revertir sus consecuencias. El hecho de que un miembro permanente del Consejo de Seguridad —con poder de veto— pueda violar abiertamente las normas que la ONU proclama sin sufrir sanción alguna, deja en evidencia la fragilidad de un sistema internacional que depende de la voluntad de las potencias para actuar.
No tiene justificación legal ninguna, bajo la Carta de las Naciones Unidas. La prohibición del uso de la fuerza, consagrada en el artículo 2(4), no admite excepción para “liberar” a un país de un gobierno enemigo, combatir narcotráfico o garantizar acceso a recursos naturales.
La crisis en Venezuela ha pasado por varias etapas: crisis humanitaria, éxodo masivo de millones de personas, violaciones de derechos humanos y disputas políticas internas e internacionales. La ONU ha documentado violaciones, ha exigido investigaciones y ha instado a la apertura de espacios democráticos.
Sin embargo, estas acciones son insuficientes si no existe voluntad política para implementar soluciones concretas ni mecanismos reales de presión o cumplimiento. Un borrador de papel frente a una crisis que se ha politizado y se ha convertido en terreno de juego para intereses geopolíticos externos. La comunidad internacional ha sido incapaz no sólo de prevenir la profundización del sufrimiento, sino incluso de establecer un proceso de diálogo y transición que sea respetado por todos los actores locales y externos.
La decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de un centenar de organismos multilaterales —muchos de ellos vinculados directamente a la ONU y sus objetivos de desarrollo—representa un debilitamiento financiero de la organización, y un desprecio explícito por el multilateralismo. Esto ocurre en un momento en que las crisis transnacionales —como el cambio climático, pandemias, conflictos armados y crisis migratorias— requieren más cooperación, no menos.
¿Es la ONU un actor real o simplemente una vitrina de buenos propósitos que sirve para legitimar narrativas sin capacidad de influir en la geopolítica de facto? Se corre el riesgo de convertirse en un museo diplomático de políticas fracasadas, donde las palabras pesan más que los hechos, y la voluntad de los poderosos prevalece sobre el bienestar de los pueblos.
