Ley.
Corrupción.
Consorcio.
Duda.
Beneficios.
A finales de la semana pasada, la Comisión Nacional del Agua declaró como desierta la licitación para la construcción de una de las obras hídricas más importantes para Durango, la presa El Tunal II, pues de acuerdo a la información que circuló, ninguna de las 10 empresas participantes cumplieron con los requisitos que se estipularon en la convocatoria, por lo que se habla de que se hará mediante una asignación directa, algo que ya huele a corrupción, pues de entrada en dos ocasiones se pospuso el fallo de dicho procedimiento, cuando se suponía que el arranque formal sería el pasado 18 de julio, y con esta modificación ahora las fechas tendrán que modificarse.
De acuerdo a lo que establece el párrafo séptimo, del Artículo 42, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se establece que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar una obra de manera directa, cuando “se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta la solvencia de las proposiciones”. De tal forma que sí hay elementos para que la Conagua pueda llevar a cabo esta asignación sin convocar a una nueva licitación.
El fondo de esto es que se genera la duda en torno a quién podrían asignarle esta magna obra, que tendrá una inversión de más de cuatro mil millones de pesos, pues quedará la duda si será a una empresa “consentida” de esta administración federal, o de plano los “ganones” serán lo militares, pues los proyectos más importantes que se han realizado desde la administración de López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido quien las realiza, por lo que podría ser una opción de lo que se podría venir en los próximos días. Lo importante será que se justifique a plenitud el por qué, cómo y a quién se le habrá de asignar de manera directa. Será lamentable que por un nuevo caso de corrupción la obra no pueda quedar en empresas duranguenses.
Tal como se dijo desde hace algunas semanas, empresas duranguenses crearon un consorcio con el propósito de participar, y dicho por el propio presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango, Francisco Salazar, no pudieron ganarla porque no se cumplía con el requisito de por lo menos cinco años de experiencia en la realización de este tipo de obras. Esto hubiera generado una movilidad económica importante para Durango, pues otros ramos, ajenos al de la construcción, se hubieran visto beneficiados, se generarían empleos y una derrama importante de dinero, algo que sin duda no le hubiera caído mal a nuestra entidad. Esto no depende del Gobierno del Estado, por lo que será la Federación quien determine quién hará la presa El Tunal II.
De manera extraoficial se maneja que una de las empresas que ingresaron su solicitud a esta licitación, presentó un proyecto por el orden de los 10 mil millones de pesos, cuando la obra oscila en los cuatro mil millones de pesos. ¿Como por qué una empresa “infla” sus costos más del doble de lo que una obra costaría?, todo eso nos genera la duda si se buscaba beneficiar a alguien con algún tipo de “moche”, de concretarse ese dato, porque si bien las empresas manejan costos con márgenes de maniobra, llama la atención que éstos, sean con cantidades desproporcionadas. De ahí la importancia de la transparencia en la ejecución de la obra pública, en cualquier rubro.
Una vez concretado un proceso de asignación transparente, lo más importante es que Durango tendrá una de las más importantes obras de los últimos años, pues con esta pres se estará garantizando agua para la ciudad por al menos las próximas cinco décadas, y eso es algo donde los duranguenses debemos estar agradecidos.
