En México hemos repetido muchas veces la frase “la corrupción mata”, pero cuando hablamos del sector salud, esa afirmación se convierte en una realidad dolorosa. No se trata solo de recursos desviados o de trámites mal hechos; aquí estamos hablando de vidas humanas.
La reciente información difundida por la Secretaría Anticorrupción sobre el incumplimiento de empresas farmacéuticas en el suministro de medicamentos confirma lo que por años se ha señalado: detrás de cada acto de corrupción en esta materia puede haber un paciente que no recibe su tratamiento a tiempo, un hospital sin insumos o una familia que pierde a un ser querido. En salud no se juega, porque las consecuencias son irreversibles.
En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de la República informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno comenzó “a tomar medidas” ante casos de compras de medicamentos que ya habían sido adquiridos, pero en los que las farmacéuticas están “incumpliendo los contratos”. Esta declaración es un mensaje claro, el gobierno federal no permitirá que las compañías incumplan compromisos que comprometen la salud y la vida de la población.
Hoy sabemos que existen dieciséis investigaciones abiertas contra compañías que, con dolo o negligencia, han incumplido contratos vinculados al abasto de medicamentos. La magnitud del hallazgo debe ponernos en alerta, pero también debe darnos confianza en que el Estado mexicano ha decidido no mirar hacia otro lado. La instrucción de la presidenta de la República ha sido clara, no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas, y mucho menos en un ámbito donde la omisión significa poner en riesgo la vida de millones de mexicanos. Confío en que esta determinación no quedará en un pronunciamiento y que las sanciones se harán efectivas, alcanzando tanto a empresas como a funcionarios involucrados.
Las compras consolidadas en salud, que en principio buscan transparencia, eficiencia y ahorro, se han convertido en espacios donde la opacidad encontró un terreno fértil. Sobreprecios, colusión y documentos falsificados han formado parte de las prácticas que hoy se investigan. Lo que no podemos permitir es que los esfuerzos por garantizar atención médica gratuita y universal se vean vulnerados por quienes anteponen intereses privados a la salud de la población. La corrupción en este ámbito no solo erosiona las instituciones, también debilita la confianza ciudadana en el sistema público.
México se encuentra en un momento crucial: veinticuatro entidades ya han transferido sus servicios de salud al IMSS-Bienestar, en un proceso que pretende consolidar un modelo nacional. Esa transición exige no sólo voluntad política, sino también controles efectivos para evitar que los mismos vicios se reproduzcan en las nuevas estructuras. Es indispensable que los órganos de fiscalización mantengan la lupa sobre cada contrato y cada convenio, y que los estados asuman la responsabilidad que les corresponde en materia de adquisiciones.
La corrupción en salud no es un tema menor ni un simple incumplimiento administrativo. Es un asunto de derechos humanos. Cuando se obstaculiza el acceso a medicamentos o se condiciona la atención médica, se está violentando el derecho fundamental a la salud y, en los casos más graves, al propio derecho a la vida. Por eso celebro que se hayan encendido las alarmas y que, como sociedad, nos quede claro que este problema no puede minimizarse ni postergarse.
El combate a la corrupción en el sector salud debe ser integral, sancionar a las empresas, investigar a los funcionarios y, sobre todo, fortalecer una cultura de integridad que priorice al paciente por encima de cualquier interés. Esa es la única vía para honrar la confianza ciudadana y para garantizar que nunca más la negligencia o la ambición signifiquen la diferencia entre la vida y la muerte.
