El vacío más grave sobre la tragedia de las violencias contra las mujeres y su extremo letal de feminicidio es la falta de voluntad para desarrollar una política integral que hace 19 años delineó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que planteó detalladamente una verdadera política pública. 

Por ser general fue largo y tortuoso el camino de la armonización, hoy en 32 estados. La anunciada nueva ley general del feminicidio, -todavía ayer lunes no llegó al Senado- perfilan nuevas reglas sobre la base un montón de otras nunca cumplidas, ni evaluadas.

Su solo anuncio generó un doble sentimiento: el esperanzador y el de la desconfianza porque se hizo sin la participación de expertas y víctimas, es decir sin la experiencia de las mujeres. Según México Evalúa y X Justicia para las mujeres, las violencias transcurren en completa impunidad. Colectivas e instituciones feministas piden diálogo, análisis y debate, antes de aprobarla.

Esta semana conocimos tres discursos sobre la gravedad de las violencias, esa tragedia para millones de mexicanas, apareció nuevamente un foco de atención e investigaciones que hablan de un acumulado de simulaciones. 

Se sumó al discursos un informe de INEGI sobre resultados del trabajo de los Centros de Justicia para las mujeres, creados hace 15 años, que describe cómo estos centros laboran de manera inconexa, con normatividades diversa, presupuestos y trabajo sin coordinación efectiva. Con servicios sin evaluación y sin protocolos valiosos. Centros cerrados, como el de Tlapa, Guerrero.

Para muestra basta un botón. El domingo El Sol de Puebla, con la firma de David Celestino se conoció el trabajo de dos centros: Tehuacán y Puebla, administrados por la Fiscalía General del Estado (FGE), carentes de espacios especializados, sin buenos albergues y ausencia de protocolos de seguridad, Celestino funda datos del reporte estadístico de INEGI 2025 difundido el viernes 26.

Leí el trabajo periodístico, el reportero fue al Centro de Justicia de Tehuacán, ahí encontró  carencias. Falta de protocolos y una ruta de seguridad para las mujeres que acuden por ayuda. Vio falta de coordinación e inexistencia de la medición del riesgo. A las usuarias no se les proporciona un plan de seguridad o ruta de acompañamiento.

El reporte de resultados levantado por INEGI desde 2018 permite comparaciones, describe semejanzas con el tipo penal del feminicidio, cada uno trabaja a su aire. Los CEJUM creados por la Secretaría de Gobernación en 2010, viven en crisis al desaparecer la CONAVIM, instancia de coordinación. Trabajan sin líneas homologadas y según el reporte 8 de 76 no operan todavía.

Su presupuesto dependen de cada entidad, -21 dependen de las fiscalías, otros de las Secretarías de la Mujer y uno de la Secretaría de Gobierno-, según el reporte el presupuesto global disminuyó de 930 millones en 2023 a 841 millones en 2024; encima tienen una enorme carga de trabajo: atendieron en 2024 a mil 750 mujeres diariamente, 73 cada hora, aunque llega a ellos apenas el cinco por ciento de las víctimas. 

Este el reporte difundido la misma semana que la nueva ley, es como un mensaje parece decir, “miren como trabajamos”, mientras la política pública para prevenir, atender y sancionar las violencias de género se arrinconaron en el sexenio pasado. 

Vimos anuncios, hasta curiosos como eso de que los sistemas nacionales de violencia e igualdad los presidirá por primera vez la jefa del Ejecutivo, cuando en 2018 lo hizo Enrique Peña Nieto. Diré como dicen las feministas que reaccionaron rápidamente lo que se necesita es justicia y no más leyes, trabajo y no discursos. Veremos