Al enorme trabajo humano que realizan las mujeres buscadoras no se le puede ubicar en la lógica trivial y deshumanizada de la lucha patriarcal y política. Hacerlo es falta de todo; no tengo palabras. No es posible que quienes orgullosamente afirman que “luchan” por la transformación de nuestra herida tierra banalicen su empeño y su experiencia.

Lo que estas mexicanas evidencian, además de la inexistencia del Estado, es la frágil conciencia y la indiferencia de nuestros gobiernos y de nuestras políticas y políticos, resultado de la miseria humana en que han convertido a México.

Verlas, leerlas y escucharlas me recuerdan a las mujeres de Eureka, de doña Rosario Ibarra de Piedra; tan trascendente es su tarea humanitaria que se asemejan a las Madres de la Plaza de Mayo, que desnudaron a la dictadura, y, al politizarse e interpelar al poder, son como La Madre, de Máximo Gorki.

Y ahora les tienen tanto miedo en Palacio que parece fácil desautorizarlas. El informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CDF), dice la oficialidad, carece de bases científicas y está sesgado. Esta es una respuesta igualita a la del juez o el ministerio público cuando una mujer violentada es minimizada, poniendo en duda su dicho.

Es esa actitud propia del autoritarismo y el caciquismo, la actitud dictatorial que busca someter a quienes juzgan débiles, como a las mujeres en general. El rechazo del informe y la negativa a pedir ayuda para enfrentar las desapariciones se parece, es casi igual, al pater familia que no necesita nada de su esposa ni de sus hijas: el hombre fuerte que desprecia la sola idea de que algo hizo mal o que cometió errores. Es el superior en todo, que desprecia y no mira la realidad. De esos dictadores está hecho este mundo infame.

El relato de Juana Isabel Barraza Cardiel, madre de Sandra Yadira Puentes Barraza, desaparecida en 2008 tras ser detenida por policías municipales en Torreón, Coahuila, es, entre miles, la síntesis de una realidad acumulada que no puede trivializarse.

Me refiero a las voces que recogió el periodista Alberto Triana, en el estrujante reportaje Patrocinio: el mayor campo de exterminio en México y la búsqueda que no termina, publicado este fin de semana por las ediciones de la Organización Editorial Mexicana, sobre la existencia de un campo de exterminio que parece no tener culpables, a pesar del hallazgo de un conjunto de restos óseos recuperados que alcanza cerca de una tonelada y media. ¿Puede alguien imaginar que se habla de fragmentos de huesos calcinados?

Y quienes hicieron el hallazgo fueron ellas y sus familias: las que llamamos madres buscadoras, hermanas o esposas; las que también hallaron el Rancho Izaguirre; las que abren brechas en los caminos de Veracruz o del Ajusco. Son miles las fosas clandestinas en cualquier lugar de este país. Lo grave es que ni cesa la búsqueda —porque ellas existen—, ni cesan las desapariciones; ni es cosa menor que, en esas desapariciones —lo saben expertos y expertas—, son responsables, por acción u omisión, los agentes del Estado y los policías o militares. Una verdad hiriente y tremenda.

Estas actoras, como todas las Juanas Isabeles de México, son mexicanas y son pueblo; son las que recuerdan, lo quiera o no el gobierno, que siguen las desapariciones criminales y forzadas. Cerrar los ojos en Palacio es tan tremendo y parecido a aquellos tiempos de la Guerra Sucia, de Acteal y Aguas Blancas, tan horrible como Tlalixcoyan, en Veracruz.

Las mujeres buscadoras de este país son voces de la tragedia humana que nos acosa, voces de la impunidad, que merecen respeto, justicia y reparación. Ellas ya se ganaron un lugar en el futuro democrático y feminista de México. Veremos.