La revisión del TMEC inicia hasta julio próximo, pero arrancó de facto y unilateralmente desde la inauguración de la segunda presidencia de Donald Trump.

Con las reclamaciones expuestas en el proceso de consulta en Estados Unidos, hay claridad de los puntos medulares sobre la mesa que exigirán decisiones estratégicas de nuestro país.

Más que en la Corte o en el Congreso, donde tenemos el respaldo de legisladores de estados con fuertes vínculos comerciales con México, el contrapeso más importante está en el sector privado, donde también contamos con importantes aliados.

Pero no podemos depender de la suerte.

Pero viene lo más difícil y decisivo: la prueba del ácido.

Atinadamente, ha señalado una “brújula para la negociación” con tres objetivos primordiales: “La mejor posición relativa, mantener la inversión extranjera, si se puede subirla, y mantener en todo momento nuestra capacidad de exportación”.

Sin matices, expresa “serias preocupaciones sobre acciones del Gobierno mexicano que ponen en peligro las inversiones de empresas estadounidenses, contradicen las obligaciones del T-MEC y obstaculizan el comercio”.

En síntesis, quieren el TMEC, pero con protecciones y garantías frente a reformas y políticas impulsadas en el sexenio pasado. El abordaje de este dilema con pragmatismo es fundamental.