Porque en Culiacán, hoy, el problema no es que falten leyes más duras, sino que sobra violencia y falta Estado.
En Culiacán, la violencia no se discute: se vive. Se respira en las calles, se mide en horarios acortados, en rutas evitadas y en la normalización del miedo. Por eso, cada vez que el Congreso de Sinaloa anuncia un endurecimiento de penas, la pregunta surge casi de manera automática: ¿alcanza?
La reciente reforma que agrava el castigo por robo de vehículo cuando hay personas vulnerables a bordo responde, sin duda, a una realidad alarmante. El robo de autos en Culiacán ya no es solo un delito patrimonial; se ha convertido en una escena de alto riesgo donde mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad quedan expuestas a amenazas, violencia física e incluso a la pérdida de la vida. En ese sentido, el reconocimiento legal del daño ampliado es un paso necesario.
Sin embargo, la violencia que azota a la capital sinaloense no se ha contenido con reformas penales previas, ni con discursos de justicia social. Culiacán no es hoy una ciudad insegura por falta de castigos en el papel, sino por la debilidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar efectivamente los delitos. Las leyes se endurecen mientras la impunidad permanece intacta.
El problema de fondo no es cuántos años más de cárcel se suman a una condena, sino cuántos delitos llegan realmente a una sentencia. En una ciudad donde muchos robos no se denuncian por miedo o desconfianza, el aumento de penas corre el riesgo de quedarse como un mensaje político más, útil para el boletín, pero insuficiente para la calle.
La violencia en Culiacán ha erosionado la vida cotidiana. El vehículo, símbolo de movilidad y trabajo, se ha transformado en un espacio de vulnerabilidad. Familias enteras quedan a merced del delito en segundos, mientras la respuesta institucional suele llegar tarde o no llegar. En ese contexto, hablar de prevención sin presencia efectiva del Estado resulta casi retórico.
Endurecer penas puede enviar una señal de rechazo social al delito, pero no sustituye la falta de estrategias integrales de seguridad. Sin patrullajes constantes, inteligencia policial, atención a víctimas y reconstrucción del tejido social, la cárcel se convierte en un recurso reactivo que no frena la violencia, solo la administra.
Culiacán no necesita únicamente reformas al Código Penal; necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita que el miedo deje de dictar la rutina diaria. Mientras la violencia siga marcando el ritmo de la ciudad, cualquier reforma legal será apenas un parche frente a una herida que sigue abierta.
