En ese contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado una iniciativa que modifica esencialmente el modelo normativo vigente. No se trata de una modificación superficial o cosmética, sino de un viraje auténticamente ideológico.
El próximo miércoles 3 de diciembre, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados está convocada para discutir y aprobar, en su caso, el dictamen a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La mencionada iniciativa ha generado un intenso debate entre los partidos políticos, las organizaciones de productores agrícolas, los académicos y los industriales altamente consumidores de agua. En el centro del debate está el aparente conflicto entre dos principios fundamentales: el Derecho Humano al Agua para consumo personal y doméstico consagrado en el párrafo octavo del artículo 4, y el de Seguridad Jurídica previsto por el artículo 14, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado tiene la obligación ineludible y primaria de garantizarle a los mexicanos el acceso al agua; esta prioridad es también la base legal que le permite al gobierno ordenar, restringir, e incluso extinguir autorizaciones cuando su uso no sea indispensable. Al mismo tiempo, el ejercicio de esta facultad tiene que estar en el marco del estado de derecho, garantizando la seguridad jurídica de aquellos que adquirieron concesiones de manera legal.
La génesis del debate hunde sus raíces hasta el corazón de la época neoliberal, pues en 1992 la gestión hídrica se concibió como un bien económico sujeto a las leyes del mercado. Mediante la figura de concesión, se generaron derechos adquiridos sobre el agua, permitiendo la libre comercialización de los títulos que los amparaban. El modelo facilitó el acaparamiento y la concentración del recurso, creando auténticos “millonarios del agua”. Es esta la realidad que se pretende cambiar.
La propuesta de la Presidenta, con el argumento de garantizar el derecho fundamental de disponer del agua, retoma su intención de construir a su alrededor un gobierno muy fuerte, y propone la rectoría del Estado sobre el vital líquido, prohibiendo la transmisión o venta de los derechos otorgados mediante la concesión referida. En ese sentido, propone a la CONAGUA como el único intermediario legal para la transferencia del agua. Este modelo normativo evitará no solo la comercialización del derecho previamente adquirido, sino que además impedirá la transmisión por herencia o legado tras el fallecimiento del titular de la concesión. He aquí la razón del conflicto jurídico y patrimonial.
Los titulares de las concesiones argumentan que, con base en el derecho adquirido, hicieron inversiones, asumieron compromisos de suministro de sus productos y suscribieron créditos bancarios; despojarlos de ese derecho, en su opinión, destroza en su perjuicio los principios de legalidad y de seguridad jurídicas previstos por la Constitución. En el proceso de debate, los diputados de Morena accedieron a hacerle algunas modificaciones al texto original, sin embargo, el eje central se mantiene.
A los productores les preocupa que la CONAGUA, con el poder que tendrá, tome decisiones arbitrarias, o incluso que se abran canales de corrupción que terminen contaminando el esquema, además de su inconformidad por la pérdida de sus derechos, al margen de la ley, lo que afectará su patrimonio.
Como se ve, la discusión es de fondo, implica la colisión de dos derechos fundamentales —el que garantiza la disposición del agua y el de seguridad jurídica—, y un cambio de paradigma en el orden institucional aplicable al manejo del agua. No cabe duda, el oficialismo habrá de imponerse y la reforma avanzará; los resultados se verán en los años por venir.
