Está demostrado que la exclusión financiera frena la inversión, crea vulnerabilidad personal y limita el desarrollo. No es casual que los países que lideran la inclusión financiera eleven sus posibilidades de crecer.
Una muestra inequívoca de subdesarrollo es la utilización mayoritaria de efectivo para pagar gastos y adquisiciones. México, la decimotercera economía del mundo, sigue anclado en esa condición. Las reformas al marco normativo, que son muchas, no han sido capaces de elevar los niveles de bancarización de la economía.
Desde el lejano 17 de julio del año 2013, fecha de entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, el Estado mexicano puso en marcha una estrategia normativa tendiente a reducir el uso de efectivo en las transacciones ordinarias; su intención, según se desprende de su exposición de motivos, es combatir el lavado de dinero que se origina por actividades criminales o simplemente ilegales, como la venta de drogas ilícitas, la extorsión, el secuestro, el cohecho, la evasión fiscal y la informalidad económica y laboral. Fortaleció la estrategia con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera y aplicó cada una de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Es decir, el Estado mexicano, normativamente, hizo cuanto era posible.
Una buena parte del control que contempla la norma, pasa por el incremento paulatino de las operaciones bancarizadas; es decir, la eliminación del uso de efectivo como instrumento de pago. Bajo la lógica de que el dinero que pasa por el sistema financiero es “controlable”, se construyó todo un marco normativo que lograra ese fin.
Sin embargo, a pesar de contar con un marco normativo sólido, los resultados son francamente limitados. Algo no está funcionando: siguen corriendo ríos de dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas, lejos de debilitar a los cárteles de la droga están más fuertes, la informalidad económica y laboral sigue creciendo, los escándalos de corrupción cada vez involucran cifras más cuantiosas, y la evasión no cede. Regular el uso de efectivo, hasta casi prohibirlo, no ha servido de mucho.
Las cifras lo demuestran: el 85 por ciento de las compras por montos hasta de 500 pesos se pagan en efectivo, el 49 por ciento de la población adulta no tiene una cuenta bancaria, la economía informal produce el 24 por ciento del PIB, y el 55 por ciento de la fuerza laboral no cuenta con seguridad social y recibe su salario en efectivo. En resumen, las cifras evidencian un fracaso singular.
Como se observa, los problemas son estructurales, profundos; es inevitable sospechar que esta realidad solo se explica si paralelamente se mantienen intactas las redes de corrupción. Los empresarios que mantienen sus compañías fuera del control fiscal no encuentran estímulos para abandonar la informalidad; frente a un sistema fiscal que además de obsoleto es persecutor y caro, prefieren mantenerse en el frío cuarto de la ilegalidad. Con ellos están más de la mitad de los trabajadores que, al recibir en efectivo su remuneración, no son candidatos para abrir una cuenta bancaria ni acceder al crédito institucional. Ambos carecen de opción y usan efectivo.
Otro pendiente más para el gobierno de Sheinbaum; en la medida en que institucionalmente no se generen condiciones que corrijan semejantes distorsiones, las oportunidades que el país tiene para hacer crecer su economía se desperdician. Un pendiente que se agrega a una larga lista de atención urgente, como la reforma fiscal, la reparación del sistema pensionario, el creciente costo financiero de la deuda y la permanencia del T-MEC.
