The One Big Beautiful Bill, esta frase, que bien pudiera ser traducida como “La Más Grande y Hermosa Propuesta de Ley”, es el hilarante, jocoso, burlesco, chistoso y humorístico nombre con que fue denominada la propuesta de política fiscal y presupuestaria de los Estados Unidos de Norteamérica para el año fiscal de 2026. Contiene una serie de medidas, reformas y estímulos al pago de los impuestos de los contribuyentes americanos, al tiempo que fija el destino de esa recaudación tributaria.

En cada acción del Presidente Norteamericano --ese nombre es una más--,  me convenzo que se ha convertido en el ícono contemporáneo de los gobiernos populistas, cuyas características más relevantes, son la jocosidad y la destrucción-cooptación de las instituciones que limitan el ejercicio del poder.  

Es un documento extenso que incluye cientos, quizá miles, de modificaciones a la política fiscal y presupuestaria de los Estados Unidos; en conjunto, lo que intenta el documento, es aterrizar una evidencia tangible de las ideas, metas y compromisos del nuevo Presidente.  En ese proceso no fue complicado localizar aquellas que desnudaran sus ideas antiinmigrantes puestas en blanco y negro,  congruentes con sus postulados de campaña.  Aunque no debiera sorprender a nadie, las propuestas preocupan.  Le comparto tres, de las muchas más que hay, cito textualmente:  1. “Echar a los inmigrantes ilegales de los beneficios de Medicaid financiados por los contribuyentes”;  “2. Imponer un impuesto especial del cinco por ciento sobre las transferencias de remesas”; y “3. Afianzar el muro fronterizo del presidente Trump.  Se construirán 701 millas de muro primario”. Insisto, entre muchas otras. 

En el amanecer de las discusiones, la medida de cobrar un 5 por ciento de impuesto especial a las remesas de los inmigrantes, ha concentrado la atención de muchos.  La ecuación propuesta es básica.  Aprobarla significa castigar a los migrantes y sus familiares con una cantidad cercana a los 3 mil 115 millones de dólares, cifra que resulta de aplicar el 5 por ciento a los 62.3 mil millones de dólares de remesas que se envían anualmente a México procedentes de los Estados Unidos. Con esos recursos se financiará el muro fronterizo.

En sesión del 13 de mayo de la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso Americano las medidas fueron aprobadas por 26 votos a favor y 19 en contra.  Avanzó.  Sin embargo, en la sesión del 17 de mayo, ahora de la Comisión de Presupuesto, el paquete de medidas fueron rechazadas al obtener sólo 15 votos a favor y 24 en contra.  Se atoró.

He seguido el tema de cerca, y me han sorprendido las voces optimistas de algunos ignorantes que han creído en la eliminación de la medida.  No, aún no.  La votación referida de la Comisión de Presupuesto rechazó el paquete completo con el argumento de haberlo estimado insuficiente para alcanzar las pretensiones particulares de algunos congresistas, es decir, la posibilidad de imponer ese impuesto no sólo se mantiene, si no que podría elevarse.  No es mi estilo ser fatalista, no deseo que eso ocurra, pero la amenaza está viva. 

Es económicamente un golpe seco en la economía de los migrantes y sus familias, eso sin duda; pero es aún más, si se toma en cuenta que la disposición le exige al proveedor del servicio de transferencias, acreditar la legal estancia del emisor.  Negarle ese servicio a un migrante porque no tiene “papeles”, incrementaría peligrosamente el flujo de remesas por medios alternativos no institucionales.

Es cierto que imponer ese tributo viola el artículo 25 del Acuerdo para Evitar la Doble Tributación que tenemos suscrito con los Estados Unidos desde 1994, pero también es cierto que es ese, un argumento insuficiente para alguien como Trump: “…haré un muro y lo pagarán ellos”.  ¿Lo recuerda?