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Dentro del desglose que se ha hecho esta semana, respecto al Paquete Económico 2026, del Gobierno Federal, poco a poco comenzamos a conocer más a detalle la proyección que se tiene en cuanto a lo que habrá de ingresar a las arcas, y lo que se habrá de gastar en los distintos rubros; pero llamó la atención el hecho de que los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no modificaron el presupuesto que sus antecesores habían avalado y enviado a la Secretaría de Hacienda a finales del mes de agosto, quizá fue porque no les dio el tiempo suficiente una vez que asumieron su nueva responsabilidad, porque el límite fue el pasado 8 de septiembre, o también pudo haber sido que omitieron cualquier cambio de forma intencional, lo que dejaría en claro que “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, porque su narrativa siempre ha sido del supuesto apego a la “austeridad”.
De hecho, la Presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia “mañanera” de ayer se refirió a este asunto, primero al asegurar que se habría de disminuir la propuesta de la SCJN hasta por 15 mil millones de pesos, que es lo que los anteriores Ministros se habían aprobado, y de manera extraña la “inquilina” de Palacio Nacional criticó en cierta medida el hecho de que la nueva Corte no le haya metido “mano” para obtener esa reducción, y justificó asegurando que quizá “no les dio el tiempo”. La intención, dijo la Jefa del Ejecutivo, es que con esa reducción se podría estar redireccionando ese recurso a las universidades, salud, infraestructura o al Instituto Nacional de Antropología e Historia; es decir, prácticamente les está ordenando a los diputados federales a hacer estas modificaciones.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda dejó en claro que el presupuesto solicitado por la Corte, no fue propuesta de ellos, que se entregó antes de que salieran los Ministros anteriores, como queriendo “lavarse las manos” de que el Gobierno Federal no avaló dicha asignación, porque el Poder Judicial es autónomo, y no están facultados para hacerle los cambios pertinentes; y podría sonar lógico, porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así se establece, pero en los hechos, ya sabemos quién está controlando a dicho Poder. Incluso, suponiendo sin conceder, que se respeta esta autonomía, por qué no se tomaron la “molestia” de avisarle a los nuevos Ministros la necesidad de ajustar su propuesta, y evitar toda esta parte.
Hugo Aguilar Ortiz, el Ministro presidente de la SCJN, había asegurado que hubo reducción al salario de los integrantes del máximo órgano jurisdiccional en el país, por debajo incluso del salario presidencial; también dijo que se habrán de cancelar las prestaciones complementarias como el seguro de gastos médicos y el seguro de separación individualizada, y todo tipo de acciones encaminadas a la austeridad en esta “nueva” etapa. La idea no es mala, el problema es que si comparamos esta narrativa mediática con los números que se entregaron, desde luego que nada cuadra, porque cabe señalar que en total el Poder Judicial estaría recibiendo en el 2026 casi 86 mil millones de pesos, y tan solo la Corte, la propuesta es de casi cinco mil 900 millones de pesos.
Además de la parte económica, la mayoría de los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación, que fueron electos el pasado 1 de junio, han dejado en evidencia que no están preparados para esa responsabilidad, de ahí la importancia de que siempre se respetara la carrera judicial, porque no se trata de tener personas improvisadas y que sus sentencias no estén sustentadas, porque así se ha visto en los últimos días tanto en sesiones de la Corte como en los juzgados de circuito a nivel federal, lo que pone en alto riesgo la correcta aplicación e interpretación de las leyes. Y aquí se comprueba, una vez más, que no es lo mismo criticar algo desde fuera, que desde adentro.