Más partidos.
Prerrogativas.
Participación.
Reforma.
La democracia mexicana es, por definición, plural y compleja, nació de la exigencia de abrir espacios a todas las voces y de desmontar el viejo modelo político; y hoy, sin embargo, el modelo multipartidista enfrenta una paradoja, mientras más partidos existen, más se diluye la claridad del sistema y más se fragmenta la representación. El debate sobre recortar en una cuarta parte las prerrogativas públicas que reciben los institutos políticos, dentro de la propuesta de Reforma Electoral de Palacio Nacional, parece lógico en tiempos de austeridad, pero podría ser apenas un “remedio” superficial, pues el problema de fondo no necesariamente es cuánto dinero se reparte, sino cuántas fuerzas compiten, qué tan auténtica es su representación social y si realmente contribuyen a fortalecer la participación ciudadana.
México ha transitado hacia un esquema donde la oferta partidista crece con facilidad, tanto a nivel nacional como local, ya que a las fuerzas consolidadas se suman partidos estatales y proyectos en ciernes que buscan registro cada ciclo electoral; la pregunta obligada es si más partidos equivale a más democracia, porque en teoría, la diversidad amplía opciones, en la práctica, muchas de estas estructuras sobreviven con votaciones marginales y se convierten en satélites o “rémoras” de alianzas coyunturales, como el paso del Partido del Trabajo y el Partido Verde. El asunto de fondo es que el exceso de partidos no necesariamente se traduce en mayor representación, sino mayor dispersión y, en ocasiones, oportunismo político; además, la proliferación complica la gobernabilidad, encarece la operación electoral y genera confusión entre electores que difícilmente identifican propuestas ideológicas claras.
Reducir en 25 por ciento las prerrogativas suena atractivo frente a una opinión pública que cuestiona el gasto en política, sin embargo, la discusión no puede agotarse en el monto, pues el financiamiento público nació para evitar que intereses privados capturaran a los partidos y distorsionaran la competencia; si el recorte no va acompañado de reglas más estrictas y transparentes, el riesgo es abrir la puerta a financiamientos paralelos difíciles de fiscalizar. La solución de fondo podría estar en rediseñar el modelo, incentivar el financiamiento ciudadano verificable, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y castigar con mayor severidad el uso indebido de recursos; no se trata solo de gastar menos, sino de gastar mejor y con total transparencia y así evitar la opacidad.
El objetivo central de cualquier sistema electoral debería ser aumentar la participación en las urnas, sin embargo, los niveles de abstencionismo evidencian que el problema no es la escasez de opciones, sino la falta de credibilidad, incluso hay mexicanos que no se sienten representados y perciben que, gane quien gane, las prácticas políticas cambian poco. Más partidos no garantizan mayor entusiasmo cívico, incluso pueden provocar saturación y desencanto, de ahí que la tarea de los institutos políticos y de los órganos electorales es reconstruir confianza, simplificar mensajes y demostrar que el voto sí tiene consecuencias reales en la vida pública; de hecho considero que sin legitimidad, cualquier reforma será insuficiente.
Todos los cambios Constitucionales suelen ser perfectibles, de ahí que esta reforma que se estará enviando hoy a la Cámara de Diputados, podría iniciar su proceso bajo esa óptica, pues hasta este momento solo cuatro partidos han demostrado que tienen arraigo en la sociedad, PRI, PAN, Morena y MC; extender el “catálogo” partidista, sin generar nuevas alternativas atractivas para el electorado, provocaría que sigamos dando vueltas en un mismo sitio, sin cambiar en nada de fondo. Ojalá existan mayores reglas para los partidos que quieren estar en un futuro en las boletas, porque tendrían que demostrar que en realidad son una alternativa, si no, solo quedarán en el intento.
